Especialistas demandan que se cree una secretaría // AMLO redujo aún más el presupuesto

A pesar de estar entre dos océanos, México no ha aprovechado la riqueza de sus mares, esteros, lagunas y granjas acuícolas. Dueño de la mayor extensión de litorales en América Latina –11 mil 122 kilómetros– tiene una producción de sólo 2 millones de toneladas anuales.

La pesca nacional no termina por tener dinamismo propio y, al mismo tiempo, registra pesquerías en franca decadencia. Escasos, desordenados y corrompidos apoyos oficiales conviven con la sobrexplotación de especies y el resultado es de pobreza en las zonas de esteros y de dificultades en la captura de altura.

El nuevo gobierno tampoco parece inclinado a revertir este panorama: la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) ejercerá este año un presupuesto mil 875 millones de pesos, una disminución de 185 millones respecto del año pasado y casi 95 millones menos que, por ejemplo, lo aprobado a la Universidad Autónoma Chapingo en 2019.

Ejemplo de tal indiferencia es también la desaparición de la Comisión de Pesca en el Senado de la República. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hay una iniciativa para crear la secretaría de pesca, a propuesta del diputado Fernando García Hernández (Morena), quien asegura que esa es la única vía para impulsar una actividad realmente productiva y sostenible.

Especialistas y productores no dudan: México posee un enorme potencial no sólo para incrementar la producción –bajo adecuadas condiciones de manejo– sino también para darle el suficiente valor agregado. Unas 300 mil familias mexicanas viven directamente de la pesca.

A escala mundial por cada dólar de extracción pesquera se obtienen en promedio tres dólares de valor agregado, pero aquí sólo es de 60 centavos de dólar.

En 2017 la producción alcanzó 38 mil millones de pesos. La de captura representó sólo 0.08 por ciento del producto interno bruto (PIB) similar a la aportación del aguacate.

Las comparaciones impresionan: Perú, con 2 mil 414 kilómetros de litorales (21.7 por ciento de lo que posee México) en 2014 produjo 3.6 millones de toneladas. Y Chile, con 6 mil 435 kilómetros de litoral logró 3 millones 390 mil toneladas.

La FAO (agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en su más reciente reporte consigna que en 2016 se alcanzó un máximo histórico de producción en el mundo de 171 millones de toneladas y un consumo per cápita de 20.3 kilogramos.

El organismo establece que a partir de 1961 el consumo de especies acuáticas ha duplicado el crecimiento poblacional, y ubica al sector como pieza fundamental en la meta de un mundo sin hambre ni malnutrición.

En el caso mexicano, y no obstante el consumo interno (alrededor de 12 kilos per cápita al año) se considera factible el potencial para alcanzar soberanía alimentaria, incrementar divisas y crear más fuentes de empleo.

Para García Hernández, diputado federal por Sinaloa, el esfuerzo público hacia este sector debe fincarse en tres principios: ordenamiento, repoblación y vigilancia.

A su vez, la organización no gubernamental EDF (Environmental Defense Fund de México) plantea la necesidad de tomar casos de éxito en otros países y establecer estrategias de manejo con base en derechos, actualizar el marco legal, promover programas de modernización del manejo pesquero innovadores y coparticipativos, y fortalecer la ciencia y la generación de información de apoyo al sector.

García Hernández, quien con su compañera de bancada Lucinda Sandoval recorre los campos pesqueros, las armadoras y las granjas acuícolas, afirma que cuando el sector disminuyó su relevancia en la administración pública federal (con Ernesto Zedillo pasó a ser subsecretaría y desde Vicente Fox para acá es sólo comisión) también se ha reducido la atención a la pesca. Y urge –insiste– tener una instancia que contribuya a que México alcance nivel de potencia.

Para animar su iniciativa, y a partir de lo erogado para crear, en el sexenio pasado, la Secretaría de Cultura, el legislador asegura: convertir a Conapesca en secretaría, costaría al erario sólo 9 millones de pesos.

SOURCE: La Jornada

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