Con distintos nombres y una misma red de socios y bancos, Next Energy ha dejado contratos fallidos, dinero nunca recuperado y procesos penales abiertos en Aguascalientes, Baja California y Nuevo León, ofertando parques fotovoltaicos o solares que nunca operaron.
Los registros públicos de comercio revelan, además, una red de al menos 16 sociedades con proyectos y trámites que alcanzan también Quintana Roo.
En el lapso de una semana, dos piezas centrales en los procesos penales vigentes por el caso Next Energy quedaron en libertad.
El 30 de septiembre, una jueza federal en Aguascalientes dictó auto de no vinculación a proceso para los cinco exfuncionarios municipales imputados por la contratación irregular del proyecto en 2019.
Una semana después, Eugenio Javier Maiz Domene, socio mayoritario de las empresas Next Energy Monterrey y MD Iluminación Nacional, salió del penal de Aguascalientes tras casi diez meses recluido, luego de que un juez le concediera libertad provisional.
La historia, sin embargo, no se agota en Aguascalientes ni en los tres estados donde hay contratos documentados para la construcción de parques fotovoltaicos o solares, que a la fecha son inoperantes.
Aguascalientes: libres los funcionarios, libre el empresario
Los cinco imputados (Jaime Gerardo Beltrán Martínez, hoy magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del estado; Alfredo Martín Cervantes García, hoy secretario de Finanzas del Gobierno del Estado; Mónica Marcela Díaz Aranda, hoy directora administrativa de Radio y Televisión de Aguascalientes; Rodolfo Téllez Moreno y Luis Alberto Rivera Vargas) formaron parte de la administración municipal que en 2019, encabezada por la hoy gobernadora Teresa Jiménez, firmó con Next Energy el contrato para construir un parque fotovoltaico en Cañada Honda, en la capital del estado, mismo que nunca funcionó.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusaba de uso ilícito de atribuciones y facultades por esa contratación.
Sin embargo, el 30 de septiembre pasado la jueza Yuridia Bello Camacho resolvió no vincularlos a proceso. La defensa sostuvo que el contrato se firmó el 28 de marzo de 2019 y que el plazo de prescripción del delito venció el 13 de mayo de 2022.
La FGR anunció que apelará, al considerar que existen “elementos jurídicos que la autoridad judicial no consideró”, y afirmó que la resolución no cierra el caso.
Maiz Domene, en cambio, seguía preso al momento de la resolución judicial: fue detenido el 17 de diciembre de 2025 en Reynosa, Tamaulipas, y permaneció en el Centro de Reinserción Social Varonil de Aguascalientes acusado de fraude, cohecho y amenazas.
El 7 de octubre, un juez de control modificó su medida cautelar y le permitió continuar en libertad con presentación periódica y otras medidas, una fianza de 5 millones de pesos y la prohibición de salir del país y de acercarse a testigos o víctimas.
Antes de su liberación, su defensa había denunciado ante la FGR a jueces federales y funcionarios de Aguascalientes por presuntos actos de corrupción para mantenerlo preso, y había solicitado que la Fiscalía atrajera el caso, alegando persecución política.
Sus abogados explicaron a Proceso que la libertad obedece a un cambio de medida cautelar, de prisión preventiva a medidas como la presentación periódica, dentro de la carpeta por amenazas. Subrayaron que la defensa continúa porque “los procesos continúan y aún hay mucho por hacer”, y que en otros estados también deberán atenderse las investigaciones: en Baja California, precisaron, existe una carpeta pendiente en la que deberán comparecer a audiencia inicial.
En marzo de 2026, un juez mercantil condenó a Next Energy del Centro a devolver al municipio al menos 602 millones de pesos. El actual alcalde Leonardo Montañez Castro ha dicho que el ayuntamiento dejó de pagar directamente a la empresa hace aproximadamente un año y que depositó esos pagos en el Poder Judicial.
También afirmó que parte del dinero ya había sido recuperado. Sin embargo, el gobierno municipal no ha hecho público el monto recuperado, la fecha ni el comprobante de esa devolución, ni ha detallado cuánto se pagó a la empresa en total desde el año 2020.
Cabe mencionar que el municipio de Aguascalientes sigue registrando en sus cuentas públicas el valor total del proyecto (19 mil 440 millones de pesos) sin ajuste alguno desde entonces. Sin embargo, sí se han registrado movimientos entre empresas y proyectos distintos: en el informe de abril a junio de 2026, una hoja de las Notas de Memoria asignaba casi 3 mil 120 millones de pesos de la cuenta de Next Energy a la de MD Iluminación Nacional, empresa en la que también aparece Maiz Domene como apoderado.
Baja California: un acueducto que nunca se energizó
El patrón se repitió, a mayor escala, en Baja California. En 2020, bajo el gobierno del entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez, el estado contrató a Next Energy para construir una planta fotovoltaica que alimentaría el sistema de bombeo del acueducto Río Colorado-Tijuana, financiada mediante contratos con Banca Afirme. El proyecto se firmó pese a la advertencia pública de la entonces secretaria de Energía federal, Rocío Nahle, de que los gobiernos estatales carecen de facultades para celebrar ese tipo de convenios.
El compromiso ascendía a 37 mil millones de pesos a 30 años; la planta nunca se construyó, y el proyecto fue cancelado en 2022 por falta de permisos federales de la Comisión Reguladora de Energía y la Semarnat.
La actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, exigió la devolución de 123 millones de pesos que Banca Afirme había retenido indebidamente. En julio de 2025, la Fiscalía General del Estado detuvo en Mexicali a Nabor Medina Garza, directivo fiduciario de Banca Afirme, y meses después fue localizado en República Dominicana (mediante ficha roja de Interpol) otro directivo, David Alejandro Rodríguez Jacobo.
La fiscalía estatal llegó a identificar hasta ocho personas implicadas, entre exfuncionarios estatales y particulares. Banca Afirme terminó devolviendo 172 millones de pesos al gobierno de Baja California (los 123 millones originales más los rendimientos generados).
El propio Jaime Bonilla fue vinculado a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades. Sin embargo, en la actualidad, continúa su actividad política como líder del Partido del Trabajo en esa entidad.
Los mismos dos banqueros detenidos en Baja California (Medina Garza y Rodríguez Jacobo) fueron después vinculados a proceso también en Aguascalientes, por fraude.
Nuevo León: el contrato “blindado” de Monterrey
En Monterrey, el contrato se firmó en 2020, durante la primera administración de Adrián de la Garza (2018-2021), con un consorcio integrado por Next Energy de México, Constructora Maiz Mier y Eólica Santa Catarina. Comprometía unos 7 mil 370 millones de pesos a 30 años para un parque solar que nunca se construyó como se pactó.
El municipio pagó mil 603 millones de pesos a las empresas del consorcio. La excontralora municipal (renunció en abril de este año), Jovita Morín Flores, era socia de una empresa de Eugenio Maiz Domene: MD Iluminación Nacional, dedicada al alumbrado público, con la que el gobierno municipal de Aguascalientes también contrató la modernización del alumbrado bajo un esquema de asociación público-privada con un monto total comprometido de más de 900 millones de pesos y que la actual administración aprobó terminar de manera anticipada.
Sobre lo ocurrido en Monterrey después hay versiones encontradas. Luis Donaldo Colosio Riojas sostuvo que recibió un contrato “inviable” y que lo renegoció: redujo su vigencia de 30 a 10 años, logró un ahorro de más de 4 mil millones de pesos y dejó los paneles como propiedad del municipio.
De la Garza, de nuevo alcalde desde 2024, afirma lo contrario: que con Colosio los pagos mensuales subieron hasta 400% y se eliminaron las sanciones. Dice además que su administración recuperó más de 650 millones de pesos, congeló cuentas de la empresa y recobró el terreno.
A mediados de mayo de 2026, el municipio canceló el contrato por incumplimiento de la empresa, semanas después de la detención de Maiz Domene.
En junio, el partido Morena en Nuevo León presentó una denuncia ante la FGR contra De la Garza por la contratación.
Un hilo en común: una red de sociedades y un mismo banco
Detrás del nombre comercial “Next Energy” operan al menos nueve sociedades con ese nombre (Agua y Viento, Cancún, Coahuila, Golfo Norte, del Centro, Mexicana, Monterrey, International Services y de México), constituidas entre 2011 y 2022 en Nuevo León y Quintana Roo, varias de ellas accionistas unas de otras.
En todas aparece Héctor Martínez Vivas, empresario originario de Coatzacoalcos, como socio, gerente o apoderado, y quien además enfrenta una orden de aprehensión vigente por el mismo delito de fraude que su socio Maiz Domene. También figura como accionista de Parques Eólicos de México.
La red va más allá de los tres estados con contratos conocidos. Un rastreo en los registros públicos de comercio de Nuevo León y Quintana Roo permitió a este medio identificar al menos 16 sociedades ligadas a Martínez Vivas o a Maiz Domene.
En Quintana Roo, una de ellas, Energía del Sureste El Ramonal (cuyo consejo preside Martínez Vivas, según el registro) proyectó un parque solar de 58.7 megawatts a un costado de la laguna de Bacalar, con una inversión estimada en 87 millones de dólares y el desmonte de unas 133 hectáreas de selva.
En marzo de 2018 la empresa desistió del trámite para obtener los permisos.
Y en los tres estados aparece el mismo banco como fiduciario: Banca Afirme. En Aguascalientes, tres de sus exdirectivos y delegados fiduciarios (Medina Garza, Rodríguez Jacobo y Zulema Berenice Cortez Silva) están vinculados a proceso y enfrentan prisión preventiva por peculado y fraude. El banco ha defendido públicamente a sus colaboradores, sosteniendo que actuaron conforme a la normativa bancaria y contractual, sin participar en la viabilidad ni en la ejecución de los proyectos.
Con los cinco exfuncionarios de Aguascalientes sin vinculación a proceso (resolución que la FGR apelará) y con Maiz Domene llevando ya sus procesos en libertad, el caso Next Energy, que ha comprometido miles de millones de pesos de las arcas públicas de al menos tres estados, no ha concluido en ninguna de las tres entidades:
En Aguascalientes, la FGR apelará la no vinculación y el municipio debe cobrar la devolución ordenada por un tribunal; en Baja California sigue abierto el proceso contra el exgobernador Jaime Bonilla y los directivos de Afirme; y en Monterrey, el municipio canceló el contrato, pero sigue en pie la denuncia presentada ante la FGR.
Fuente: Proceso
