La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga la participación de Emilio Lozoya en una trama de robo de combustible en altamar, afirma el titular de esa dependencia, Santiago Nieto Castillo.
“Se trata de actividades ilícitas ocurridas en los años en que Lozoya era Director General de Pemex. El robo se hizo a embarcaciones que transportaban combustible. Aquí aparece otra vez un vínculo con Odebrecht, a través de una empresa donde los brasileños tenían participación”.
El caso ya está denunciado y se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República, dice Nieto Castillo, “esta es una de las cuatro denuncias que se han presentado contra el señor Emilio Lozoya. Hay, además, otros dos procesos de investigación que están muy avanzados, pero nos falta concluir. Uno tiene que ver con la compra de un astillero en España y el otro con Fertinal”.
El caso del astillero se remonta a noviembre de 2013, cuando el entonces director de Pemex decidió una inversión de 51 millones de euros para comprar una participación de 51% en una constructora de navíos llamada J. Barreras, ubicada en Vigo y la cual estaba prácticamente quebrada en el momento en que Lozoya decidió su adquisición.
La historia de Santiago Nieto con Emilio Lozoya se remonta al sexenio anterior, cuando el primero era el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En 2017 la Fepade presentó evidencias de los vínculos entre Odebrecht y Lozoya, pero no pudo llevar el caso hasta sus últimas consecuencias porque Santiago Nieto fue destituido. “No actúo por filias o fobias”, afirma: “se trata de un caso que es emblemático. México es uno de los pocos países que no ha llevado a proceso a ningún funcionario público relacionado con el caso Odebrecht. Esta es una de las razones por las que México aparece en una posición tan mala en las clasificaciones de Corrupción de Transparencia Internacional. Estamos en el lugar 138, es decir, 40 lugares por debajo de Brasil o Perú, que sí hicieron mucho en ese tema”.
Al comparar la investigación contra Lozoya que hizo en la Fepade con la que ha hecho en la UIF, Nieto Castillo explica: “El trabajo en la Fepade estaba restringido a lo relacionado con delitos electorales. Los depósitos cubrían el periodo de 2012 a 2016 y estaban relacionados con las campañas del 2015. En la Fepade, el delito era financiamiento ilícito de las campañas electorales. Se había requerido información a Suiza, Brasil e Islas Vírgenes. Los datos que teníamos es que Odebrecht le había pagado 10 millones de dólares por conseguir contratos futuros, era la lógica que imperaba en otros países de América Latina, también en España, Angola… desde la UIF tenemos acceso a mucha más información. Lo que encontramos es un entramado financiero, de evasión fiscal y evidentemente peculado, en el contexto de enriquecimiento ilícito. Detectamos una transferencia de 3.4 millones de dólares de AHMSA a una empresa filial de Odebrecht y de ahí a Tochos Holding, propiedad del señor Lozoya. Además, hay varias transferencias de cifras de varios miles de francos suizos”.
¿Qué final espera de este caso? “que el señor Lozoya llegue ante los tribunales. Nosotros en la UIF hemos cumplido con nuestra función”, dice Nieto, “Emilio Lozoya ha dicho que es un instrumento del delito, que hay otras personas responsables; que su actuación no es dolosa y que tiene información que va a ser presentada a la fiscalía. Hay que esperar a ver los elementos que aporta, si proporcionara información para poder seguir la línea superior de mando de los casos de corrupción. Al Ministerio Público le corresponderá valorarlos”.
