La iniciativa de Ley de Rentas Justas con la que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca combatir la gentrificación en la capital mexicana no considera los alojamientos temporales ofrecidos mediante plataformas como Airbnb y determinadas formas tradicionales de renta de habitaciones en barrios populares.
Tampoco establece diferencias entre pequeños propietarios y grandes arrendadores que poseen o administran decenas o cientos de inmuebles.
La morenista encabezó una conferencia de prensa para explicar los alcances de la iniciativa, presentada ante el Congreso de la Ciudad de México el pasado 14 de octubre, durante su segundo informe de gobierno.
“Podrán comprobar y acreditar que la iniciativa de la Ciudad de México es una propuesta moderada, equilibrada y apegada a las mejores prácticas mundiales”, así defendió la morenista su propuesta como una herramienta para frenar la especulación inmobiliaria y proteger a los inquilinos, pero los cuestionamientos de la prensa pusieron de manifiesto las exclusiones mencionadas y otros aspectos que su administración todavía debe precisar.
Además, una de las principales medidas que la mandataria morenista presentó para frenar el encarecimiento de la vivienda, la prohibición de aumentar las rentas por encima de la inflación, ya está contemplada en el Código Civil capitalino desde agosto de 2024, cuando fue impulsada por el entonces jefe de Gobierno y actual director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama. La disposición también fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2026.
Brugada reconoció que el límite a los incrementos de renta no es una medida nueva, pero justificó su inclusión en la iniciativa al señalar que, después de dos años de estar contemplado en la legislación capitalina, no ha conseguido frenar los aumentos irregulares.
“Han pasado dos años que está en el Código Civil y las cosas siguen igual. Así que necesitamos un instrumento jurídico que garantice lo que estamos diciendo”, afirmó.
La mandataria sostuvo que la diferencia estará en los mecanismos para hacer cumplir esa disposición. Para ello, propone crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá asesoría jurídica gratuita, mediación y representación legal tanto a propietarios como a inquilinos, además de intervenir ante incumplimientos de la legislación.
A la creación de la Defensoría se suman las siguientes medidas:
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Control de aumentos: Busca hacer cumplir la prohibición de elevar las rentas por encima de la inflación anual, una disposición vigente desde 2024, mediante sanciones y mecanismos de vigilancia.
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Derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios: Limita a una garantía de cumplimiento los requisitos adicionales al depósito permitido por el Código Civil. Prohíbe la discriminación para acceder a una vivienda, incluida la negativa a rentar a familias con niños o personas con animales de compañía. También establece obligaciones de pago y conservación para los inquilinos, y de mantenimiento y devolución de depósitos para los propietarios.
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Contratos y registro digital: Establece una duración mínima de un año para los arrendamientos habitacionales y desarrolla el funcionamiento del registro digital previsto desde 2024, que incluirá datos sobre el inmueble, precio de renta, depósito, garantías y duración del acuerdo, con restricciones de acceso para proteger la información personal.
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Vivienda asequible: Plantea ampliar la construcción de vivienda pública, incluida la destinada al alquiler, mejorar viviendas existentes y permitir la participación de la iniciativa privada en proyectos habitacionales asequibles. También contempla apoyos para propietarios que celebren contratos de varios años.
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Protección ante desalojos: Propone crear un Gabinete de Acompañamiento Social, coordinado por la Secretaría de Gobierno, para atender a familias vulnerables antes, durante y después de los procedimientos judiciales, ofrecer alternativas habitacionales, apoyar el traslado y resguardo de pertenencias y capacitar en derechos humanos al personal que participa en las diligencias, sin intervenir en las resoluciones de los jueces.
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Observatorio Público de Vivienda: Plantea crear un organismo de análisis, a cargo del Instituto de Planeación, con participación de especialistas y organizaciones civiles, para estudiar los precios de las rentas, el suelo y las dinámicas del mercado inmobiliario, con el objetivo de orientar las políticas contra la gentrificación.
Por separado, Brugada presentó una reforma constitucional para reconocer el derecho al arraigo, fortalecer el derecho a la vivienda y elevar a rango constitucional el límite a los aumentos anuales de renta conforme a la inflación.
Las exclusiones y los pendientes
“Respecto a qué pasará con Airbnb, es un proceso; el esfuerzo regulatorio de la renta digital, para estancia temporal, continúa, es algo que tenemos muy claro que debe evolucionar”, reconoció el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, al ser cuestionado sobre por qué estas plataformas quedarán fuera de la nueva legislación.
El funcionario explicó que los alojamientos temporales continuarán sujetos a la Ley de Turismo capitalina, que contempla el registro de anfitriones e inmuebles y limita su ocupación al 50% de las noches del año. Sin embargo, admitió que hace falta reforzar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de esas disposiciones, sin anunciar medidas concretas para conseguirlo.
Muñoz también aclaró que la iniciativa no abarcará ciertas modalidades tradicionales de alquiler de habitaciones en barrios populares, como los acuerdos mediante los cuales estudiantes rentan un cuarto durante seis meses.
“Esta ley no regula eso; eso es otro tipo de relación”, puntualizó, sin precisar qué mecanismos de protección tendrán quienes recurren a esos alojamientos.
Otro cuestionamiento se centró en la ausencia de diferencias entre pequeños propietarios y grandes arrendadores. El secretario sostuvo que la iniciativa está dirigida, sobre todo, a dar certeza jurídica a los primeros, pero reconoció que todavía puede discutirse un tratamiento distinto para quienes concentran numerosos inmuebles.
“Estamos atentos a la posibilidad de escuchar planteamientos en el proceso de discusión legislativa. Nos parece importante que se pueda hablar al respecto”, respondió.
Las preguntas también alcanzaron los mecanismos para vigilar los precios. Ante el cuestionamiento de cómo podrá un nuevo inquilino conocer cuánto pagaba el ocupante anterior y comprobar que no hubo un aumento superior a la inflación, Muñoz explicó: “Será un registro al cual, en primer lugar, tendrán acceso exclusivamente el arrendador y el arrendatario”.
Una ley prometida desde 2025
La presentación de la iniciativa ocurrió casi 15 meses después de que Brugada la anunciara, el 16 de julio de 2025, como uno de los compromisos del Bando Uno contra la gentrificación, una estrategia de 14 acciones con la que su gobierno respondió a las manifestaciones contra el encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de habitantes en la capital.
El anuncio se dio en respuesta a las protestas contra la gentrificación, realizadas ese mismo mes, donde vecinos y colectivos denunciaron el encarecimiento de las rentas, el desplazamiento de habitantes y los efectos de la llegada de población extranjera con mayor poder adquisitivo.
En aquel momento, la mandataria prometió enviar la propuesta al Congreso después de agosto de 2025, pero concluyó el año sin cumplir ese compromiso. El 22 de abril de 2026 volvió a presentar su proyecto de rentas justas, aunque en lugar de la ley anunciada dio a conocer una iniciativa de reforma constitucional para reconocer el derecho al arraigo y elevar a rango constitucional el límite a los aumentos de alquiler. Entonces justificó el cambio al establecer una ruta legislativa de dos etapas, que dejaba la regulación específica del arrendamiento para después.
Fue hasta el 14 de octubre, durante su segundo informe de gobierno, cuando entregó la iniciativa prometida desde el año anterior.
La propuesta fue turnada a comisiones el 20 de octubre, con un plazo de 45 días hábiles para elaborar el dictamen y la posibilidad de solicitar una prórroga.
Fuente: Proceso
