La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, rechazó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una comisión dentro del INE para verificar que las candidaturas no tengan vínculos o antecedentes con la delincuencia o el narcotráfico.

“El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia. Nuestra función no es validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”, afirmó.

En conferencia de prensa, demandó a los legisladores en el Congreso de la Unión tener claridad sobre las competencias de ese instituto al momento de dictaminar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues señaló que el INE no es una autoridad jurisdiccional ni de competencias de seguridad, acciones que le corresponden a las autoridades de gobierno.

“Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esa autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas. Por ello, es fundamental que el texto normativo mantenga la separación de funciones.

El Instituto Nacional Electoral es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial.  La responsabilidad de investigar, perseguir, y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública”, afirmó.

El proyecto presentado por la presidenta Sheinbaum, que se discutirá esta semana en un periodo extraordinario en el Congreso, plantea crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por cinco consejeras o consejeros electorales, con una presidencia rotativa anual.

Su función sería servir como un canal de comunicación directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y las instancias federales en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Comisión recibiría de los partidos políticos, o en su caso, de las personas que aspiren a una candidatura independiente, las listas de los perfiles que pretenden postular a un cargo de elección popular.

Posteriormente, el INE remitiría esa información a las instancias de seguridad e inteligencia, para que estas últimas realicen un análisis de riesgo.  Una vez concluido el análisis, las autoridades competentes informarían a la Comisión del INE si existe o no un “riesgo razonable”. El proyecto plantea que dichos informes no serán vinculantes para los partidos políticos.

Guadalupe Taddei ofreció disposición institucional para colaborar con los legisladores en este tema.

“Estaremos atentos al desarrollo del debate parlamentario y brindaremos toda la información técnica, operativa y de experiencia institucional que se requiera para enriquecer y dotar de viabilidad la discusión legislativa”, sostuvo.

 

Fuente: Latinus