En una casa de seguridad ubicada a pocos kilómetros de la playa en Barra de San José, en el municipio de Mazatán, Chiapas, el 21 de diciembre de 2024 desaparecieron seis cubanos, un hondureño y otros 13 migrantes de diversas nacionalidades que hasta ahora no han sido reclamados.
De acuerdo con testimonios de sus familiares, el grupo sería trasladado por traficantes de personas a través del océano Pacífico con destino a Juchitán, Oaxaca.
Desde Cuba, madres de los desaparecidos señalan que los seis isleños, cuyas edades oscilan entre los 15 y 45 años, ingresaron a México de manera irregular meses antes por el río Suchiate.
La mayoría permaneció en Tapachula, donde el 1 de diciembre de ese año cerca de dos mil migrantes, entre ellos unos 800 cubanos, partieron en caravana rumbo a la Ciudad de México. Sin embargo, los ahora desaparecidos no se integraron a ese contingente o no tuvieron conocimiento de éste.
La vivienda, de fachada verde, funcionaba como punto de resguardo donde los traficantes concentraban a migrantes antes de trasladarlos desde Tapachula. El 21 de diciembre un grupo de 20 personas estaba listo para zarpar hacia Juchitán, según confirmaron llamadas telefónicas que algunos de los cubanos realizaron a sus familiares.
Eduardo Ramírez Aguilar había asumido como gobernador el 8 de diciembre, en un contexto en el que fuerzas federales y estatales, Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal mantenían operativos en las regiones del Soconusco y la costa, corredor utilizado por redes de tráfico de personas que movilizan y mantienen cautivos a migrantes en sitios conocidos como “galleras”.
Días antes, el 26 de noviembre, se reportó el secuestro de cuatro cubanos en el centro de Tapachula, lo que derivó en un operativo el 24 de noviembre en un rancho del ejido Viva México. En ese lugar fueron rescatados 23 migrantes; sin embargo, durante la intervención se registró un enfrentamiento en el que murieron un agente de la Policía de Investigación, Eredín Chacón, y el soldado Carlos Cueto.
En esa propiedad las autoridades localizaron antenas de radiocomunicación y un sistema de videovigilancia que operaba las 24 horas para monitorear el tránsito sobre la carretera federal 200, considerada una de las principales rutas migratorias.
Entre los desaparecidos se encuentra Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años, originario de Santiago de Cuba, quien salió de su país el 25 de octubre de 2024. Tras atravesar nueve países, llegó a Tapachula, donde conoció a su compatriota Lorena Rosabal Guevara, de 28 años.
De acuerdo con su madre, Alicia Santos, Jorge, a quien llama “Jorgito”, contactó en Tapachula a un traficante identificado como Ángel García Hernández, quien le ofreció trasladarlo por tierra hasta la Ciudad de México por 900 dólares. El “pollero” aseguró que podría evadir retenes migratorios mediante el uso de una “pulsera y sello”.
El costo disminuiría a 750 dólares si se integraba un grupo de cuatro personas. También ofrecía traslados hacia la frontera norte por montos de entre mil 200 y dos mil dólares, dependiendo del destino y el número de viajeros.
Fragmento del texto publicado en la edición 0035 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2026, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.
