Por: Juan Ortiz
Diversas organizaciones como ARTICLE 19, el Centro Prodh y Fundar denunciaron una reciente decisión de la Suprema Corte.
Y es que gracias a los votos de ministros como Lenia Batres, se mantuvo la eliminación de una garantía presupuestal mínima para la atención a víctimas.
Con ello, acusan, la Corte violentó la progresividad al no invalidar una reforma que les quitó el piso de 0.014% del gasto federal destinado a ayuda, asistencia y reparación integral.
Ese recorte, dicen, ya había significado alrededor de 200 millones de pesos menos cada año para la Comisión de Atención a Víctimas.
También acusan que la nueva Corte reabrió un debate ya resuelto.
Así ignoraron el principio de seguridad jurídica y debilitando los mecanismos de reparación, verdad y no repetición.
Las organizaciones piden restablecer garantías, asegurar recursos y evitar que las obligaciones del Estado hacia las víctimas dependan del humor presupuestal del gobierno en turno.
