Por: Selene Rivera | Los Ángeles Times
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) estaría preparando la venta o el abandono de siete almacenes que había adquirido con el objetivo de convertirlos en centros de detención para inmigrantes, un giro significativo tras meses de oposición organizada en distintas comunidades del país.
La decisión, revelada por The New York Times con base en documentos obtenidos por el medio, llega después de una fuerte resistencia a la estrategia de la administración Trump de ampliar la capacidad de detención mediante la conversión de almacenes industriales en centros de procesamiento y detención de inmigrantes.
En diciembre de 2025, ICE anunció la compra de almacenes en diferentes estados como parte de un plan para expandir la infraestructura de detención migratoria. La iniciativa generó una rápida respuesta de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, líderes religiosos, funcionarios electos y residentes locales, quienes advirtieron que estos centros incrementarían la capacidad de detención y tendrían un impacto negativo en las comunidades donde serían instalados.
Las campañas de oposición surgieron en distintas regiones del país y lograron frenar varias de las adquisiciones antes de que se concretaran. Comunidades en Hutchins, Texas; Oklahoma City; Merrimack, New Hampshire; y Kansas City, Missouri, consiguieron impedir la compra de almacenes. Mientras tanto, continúan los esfuerzos de organización en Hagerstown, Maryland; Social Circle, Georgia; Romulus, Michigan; Tremont, Pennsylvania; y Surprise, Arizona, donde algunos inmuebles previamente adquiridos siguen bajo revisión.
Amílcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, organización que respaldó la oposición al almacén de detención propuesto en Social Circle, Georgia, declaró que la decisión de ICE de abandonar el proyecto del centro de detención en Social Circle es resultado directo de una comunidad que se organizó para enfrentarlo, incluida la presentación de una demanda histórica contra la agencia.
“Existe un enorme poder cuando los vecinos se unen para defender la dignidad de todas las personas, rechazar la deshumanización y exigir que el dinero de los contribuyentes se invierta en proyectos y programas que beneficien a toda la comunidad, como infraestructura pública y servicios sociales esenciales”, dijo Valencia.
“En Georgia sabemos de primera mano que los centros de detención para inmigrantes son inherentemente inhumanos y abusivos, ya sea el Centro de Detención Stewart, el Centro de Detención Irwin, el Centro de Detención Folkston o el Centro de Detención Deyton. No nos detendremos hasta que todos cierren de manera definitiva”, sostuvo.
El movimiento también encontró respaldo en el Congreso. En abril, la congresista Rashida Tlaib (demócrata por Michigan) presentó la Ley para Prohibir la Detención en Almacenes (Ban Warehouse Detention Act), una iniciativa elaborada en colaboración con la organización Detention Watch Network.
El proyecto busca impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE establezcan, operen, amplíen, conviertan o remodelen almacenes u otras estructuras similares para utilizarlas como centros de detención de inmigrantes. Además, impediría la creación de nuevos modelos de detención basados en este tipo de instalaciones.
Aunque ICE estaría deshaciéndose de varios de estos inmuebles, organizaciones de defensa de los inmigrantes advierten que la estrategia general de expansión de la detención migratoria no ha cambiado. Según los grupos, al menos cuatro almacenes aún podrían convertirse en centros de detención, ubicados en Surprise, Arizona; Socorro, Texas; San Antonio, Texas; y Hagerstown, Maryland.
Por su parte, Brent Peak, presidente de Northwest Valley Indivisible, quien encabeza la oposición al almacén de detención propuesto en Surprise, Arizona, uno de los cuatro proyectos que aún podrían concretarse, expresó que la lucha contra los almacenes de detención propuestos por ICE continúa.
“Hemos organizado a nuestros vecinos porque sabemos que ninguna persona debería ser sometida a abusos mientras enfrenta su proceso migratorio y porque la presencia de ICE deteriora la seguridad de nuestras comunidades”, dijo Peak.
“La movilización de los residentes de Surprise para rechazar este proyecto impulsó a la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, a presentar una demanda contra ICE. Seguimos exhortando al Concejo Municipal de Surprise a respaldar públicamente esa demanda y a responder al contundente llamado de la comunidad para bloquear de forma definitiva el centro de detención propuesto”, sostuvo el activista.
Los activistas sostienen que la agencia mantiene su objetivo de contar con capacidad para detener hasta 100,000 personas, independientemente de si utiliza almacenes u otro tipo de instalaciones.
Nanci Palacios Godinez, directora de membresía y organización de Detention Watch Network, afirmó que todos los centros de detención para inmigrantes son, “por naturaleza, inhumanos y están marcados por abusos, pero el modelo de almacenes que ICE intenta implementar es especialmente alarmante”.
“Las personas no son mercancías que puedan ser trasladadas, desechadas o utilizadas para generar ganancias dentro de almacenes de detención ni en ningún otro centro de detención, punto. De costa a costa, las comunidades están dejando claro que no quieren centros de detención ni almacenes convertidos en cárceles para inmigrantes”, dijo Godinez.
La activista señaló que las comunidades se están uniendo para exigir que las empresas tomen postura y que ICE salga de sus comunidades.
“Y esas comunidades están logrando resultados: el movimiento contra la detención migratoria sigue creciendo. Exigimos el fin de la cruel expansión de la detención masiva impulsada por Trump y el cierre definitivo de todos los centros de detención”, dijo Godinez.
Para las organizaciones que se oponen a la expansión de la detención migratoria, la decisión de ICE de desprenderse de varios almacenes demuestra el impacto de la movilización comunitaria a nivel nacional.
No obstante, afirman que continuarán presionando para impedir la apertura de nuevos centros de detención y piden que los recursos públicos se destinen a proyectos que fortalezcan a las comunidades, como vivienda, educación y atención médica, en lugar de ampliar la infraestructura de detención migratoria.
Anna Fisher, integrante de No Detention Centers in Michigan, afirmó que la oposición no era solo contra el centro de detención en Romulus, sino contra cualquier instalación de este tipo. Señaló que, si ICE intenta abrir otro centro en Michigan, encontrará la misma resistencia de organizaciones y comunidades, que seguirán luchando hasta cerrar el North Lake Processing Center y poner fin al sistema de detención migratoria en el estado.
