Julio César Chávez González se deslindó, el 10 de julio de 2025, de los amparos que han sido promovidos en México por diversos abogados, en nombre de su hijo, Julio César Chávez Carrasco, quien permanece detenido en Estados Unidos por asuntos relacionados con procesos migratorios y una orden de aprehensión por delincuencia organizada girada en su contra en territorio mexicano.
El ex boxeador mexicano hizo un llamado público para que se respete su privacidad y la de su familia, e hizo énfasis en que no ha solicitado la intervención legal que ha sido atribuida a su persona. Asimismo, solicitó que no se le cuestione respecto a ese tema, por tratarse de un asunto estrictamente judicial que corresponde a su hijo y a sus representantes legales.
“Yo no tengo nada que ver con esos amparos”, expresó el ex campeón mundial de boxeo, en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, en el cual además manifestó su preocupación respecto al manejo mediático del caso y reiteró que no haría más declaraciones al respecto, hasta nuevo aviso.
Los amparos a los que se refirió Chávez González han sido presentados por diversos abogados ante jueces federales en distintas entidades del país, entre ellas Baja California y la Ciudad de México, con el objetivo de impedir la detención de Chávez Carrasco al momento de su eventual deportación desde Estados Unidos a México.
Uno de los recursos legales fue tramitado el 4 de julio de 2025, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Mexicali, Baja California, por un abogado que aseguró representar a Chávez Carrasco. En ese expediente, el juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez dictó una suspensión de plano que permitía la detención del boxeador al llegar a territorio mexicano, siempre y cuando existiera una orden judicial vigente.
Ayala Gutiérrez también fijó un plazo de tres días para que Chávez Carrasco ratificara o no la demanda, así como para que informara si había sido víctima de tortura o presentaba lesiones visibles. En paralelo, otorgó cinco días al abogado promovente para aclarar si la demanda fue presentada en el juzgado correcto, toda vez que en el escrito se mencionaban juzgados del Primer Circuito.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que la defensa de Chávez Carrasco promovió entre cinco y seis amparos para evitar su detención al momento de ser deportado. Según el fiscal, estos recursos fueron considerados improcedentes, debido a que el inculpado aún no se encontraba bajo custodia de las autoridades mexicanas.
Gertz Manero detalló que el 7 de julio de 2025 no se llevó a cabo ninguna de las audiencias que el boxeador tenía previstas en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California. El funcionario indicó que el Gobierno de México esperaba que se celebrara la audiencia de deportación, para proceder con la judicialización del caso en cuanto el inculpado ingresara a territorio nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó el 4 de julio de 2025 que Chávez Carrasco era investigado por la FGR desde el año 2019, por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de drogas. La orden de aprehensión fue librada en 2023 por un juez federal.
Chávez Carrasco fue detenido el 2 de julio de 2025 por autoridades migratorias de Estados Unidos. Su abogado en ese país, Michael A. Goldstein, declaró que desconocía el paradero de su cliente desde dos días antes de la audiencia programada. La siguiente comparecencia judicial del boxeador fue programada para el 21 de agosto de 2025.
Fuente: Zeta
