Los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que filtró el grupo de hacktivistas Guacamaya sigue arrojando diversas revelaciones, entre ellas que la Sedena tenía conocimiento de que miembros del crimen organizado atacarían la ciudad de Caborca, Sonora.
Aquí te compartimos otros datos encontrados en los Sedena Leaks:
Se advirtió de ataque del narco en Caborca
El Universal publicó que la quema de autos y gasolineras ocurridos el 20 de junio en Caborca, Sonora, pudo evitarse debido a que las autoridades fueron advertidas días antes.
“Por inteligencia técnica se conoció que líder del Cártel del Pacífico en la región de Altar, vertiente de Los Chapitos, ordenó la quema de gasolinerías, ranchos y taxis en Caborca y Pitiquito”.
El informe tiene fecha del 14 de junio del 2020.
“Coordina la quema de gasolinerías con la intención de dejar el municipio sin combustible y dificultar la intervención de las fuerzas de seguridad. Instruyó quemar el cerro y ranchos para replegar a sus antagónicos. Quemarán taxis locales para generar temor entre la población”, advierte el reporte encontrado en los correos electrónicos filtrados por Guacamaya.
Una semana después, la amenaza del cártel se cumplió y medios locales y nacionales registraron enfrentamiento entre civiles armados que dejó varias casas, autos y una gasolinera incendiada en distintos puntos de la ciudad.
Las diferentes corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno se desplazaron al lugar y localizaron un cuerpo sin vida, dos vehículos Pick-up blindados y un arma Barrett calibre 50, informaron autoridades.
La Sedena con poder de cabildeo
Proceso publicó que la Secretaría de la Defensa Nacional logró presionar a legisladores, políticos y jueces durante los primeros cuatro años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
“En otras palabras, aprovechando el afecto que le tiene el mandatario, la Sedena fue la propia arquitecta de su transformación en la “supersecretaría” del sexenio”, señala Proceso.
Es el caso de las modificaciones a la Ley General en materia de desaparición forzada.
En esos momentos, la Cámara de Diputados discutía una modificación al artículo 94 de la mencionada ley, en la que se facultaba a la Comisión de búsqueda catear instalaciones militares.
Sin embargo, al enterarse, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general brigadier de Justicia Militar, Miguel Carrasco Hernández, escribió un correo electrónico a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
En ese mail escribe que “incluir las instalaciones militares como lugares para la búsqueda de personas atentaría contra su seguridad y con la funcionalidad de aquellas”.
Alto mando acusado de asesinato es protegido
En tanto, El Financiero publicó que un alto mando de la Sedena está acusado de homicidio culposo, sin embargo goza de protección.
De acuerdo con los correos filtrados, el 30 de junio de 2021, un alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) accionó un fusil de asalto tipo FX-05 Xiuhcóatl y provocó la muerte de un elemento de tropa de 25 años, mientras que otro más resultó lesionado.
Los hechos ocurrieron en el Centro Nacional de Adiestramiento en Gertrudis, Chihuahua.
Los militares no se encontraban en ninguna práctica de tiro, ni limpiando el armamento, tampoco ejecutando la orden de algún superior para detonar armas.
Fue hasta marzo de 2022, cuando el militar que sobrevivió decidió interponer una denuncia.
“Tres días después le respondieron que su caso, al ser competencia del derecho penal militar, había sido remitido a la Fiscalía General de Justicia Militar. Pero, no le indicaron los datos de la oficina a la que había sido remitido su asunto, ni tampoco el nombre del funcionario que le daría seguimiento”.
Las autoridades se han negado a realizar una investigación al respecto.
Sedena desdeña a Conacyt
Otra de las revelaciones que han salido a la luz es que elementos de la Sedena se negaron a participar en proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre ellosla elaboración de ventiladores para pacientes con COVID-19, así como para los estudios de la vacuna Patria.
De acuerdo con Expansión, la Sedena consideró que la elaboración de ventiladores no era de su competencia porque no tenía que ver con asuntos de seguridad.
Respecto a la vacuna Patria, la Sedena respondió que no era viable porque no implicaban actividades de desarrollo científico y tecnológico.
También argumentaron que el personal militar ya contaba con su esquema de vacunas completo.
“Además de que la totalidad del personal militar y sus derechohabientes cuentan con su esquema de vacunación completo, por lo que no sería una población que se deba incluir para participar en su desarrollo”.
