La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe dar a conocer el documento mediante el cual se hizo de un terreno en Sonora, que era propiedad de Grupo Vidanta y en el cual construye un parque fotovoltaico.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la empresa productiva del Estado que haga público el contrato de donación, comodato, usufructo, arrendamiento o cualquiera otra figura legal por el que obtuvo el mencionado predio.
Daniel Chávez Morán, empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y fundador de Grupo Vidanta, donó, supuestamente, un terreno de dos mil hectáreas en Puerto Peñasco a la CFE para la construcción de una central fotovoltaica que, de acuerdo con la empresa estatal, será el primer enlace entre el sistema eléctrico de Baja California y el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
La comisionada del Inai Norma Julieta del Río Venegas expuso ante el Pleno del organismo la importancia de que la CFE transparente el contrato y ponga sobre la mesa posibles conflictos de interés, esto con la finalidad de coadyuvar en el combate de “viejas prácticas” que se dieron en el pasado de corrupción y de tener “empresas consentidas” e influyentes.
“Este tema no es menor en la sociedad”, dijo Norma Julieta, comisionada del INAI.
“Este tema no es menor en la sociedad, por el contrario, se debe precisar que, históricamente, estos actos de corrupción y de conflicto de interés han sacado a la luz pública casos de este tipo, en los que se han visto involucrados empresarios y servidores públicos”, refirió la comisionada.
En mayo inició la construcción de la central fotovoltaica en Puerto Peñasco, que será la planta más grande en América Latina en su tipo y con una capacidad de generación de mil megawatts, una vez que se concluya en su totalidad en 2027.
El proyecto tendrá una inversión de mil 644 millones de dólares y beneficiará a 1.6 millones de consumidores, de acuerdo con datos del gobierno de Sonora.
Pero el terreno de la construcción causó polémica al haber sido supuestamente donado por el dueño de Vidanta, quien fue designado por el presidente López Obrador como supervisor honorífico de las obras del Tren Maya.
Además, en febrero pasado, se reveló que un hijo del mandatario, José Ramón López Beltrán, trabaja para la empresa KEI Partners, en Texas, una firma de diseño de espacios de lujo entre cuyos socios se encuentran Érika e Iván Chávez, hijos del fundador de Grupo Vidanta.
