La oficina de la Presidencia de la República emitió un mensaje dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que pidió al máximo tribunal del país no terminar con la figura de la prisión preventiva oficiosa en México.
La administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que la existencia de esta medida cautelar sirve para asegurar que los criminales no evadan la justicia, pues los acciones para detenerlos implican muchos recursos al gobierno.
“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”.
Por medio de un boletín de prensa, Presidencia aseguró que la medida tiene por objetivo evitar que la justicia sea burlada y que los imputados, en “represalias por su detención” atenten contra víctimas y testigos, así como que se vuelva a reincidir en la comisión de delitos.
En tanto, se enlistó una serie de faltas consideradas de gravedad sobre las cuales la Constitución establece que las penas se cumplan en prisión, tales como: abuso o violencia contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, trata de personas, desaparición de personas, corrupción, delitos cometidos con violencia, entre otros.
La petición se dio en el marco de la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales para dejar de aplicar dicha medida, con lo que quedarían en libertad más de 92 mil personas, pues -de acuerdo con el ministro- esta práctica atenta contra la presunción de inocencia y los derechos humanos.
Por su parte, López Obrador declaró durante la conferencia matutina de este miércoles 24 de agosto que el proyecto promovido ante la SCJN creará impunidad. “Hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte; una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quienes ellos decidan”, afirmó.
En ese sentido, la administración de AMLO aseveró que dejar en manos de los jueces la decisión los expondría a corrupción y violencia. “Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica”.
Por último, Presidencia pidió al máximo tribunal que sea considerada la seguridad pública nacional, así como a las víctimas y el esfuerzo que implica la persecución de criminales, a la hora de tomar una decisión con respecto a la medida. Pidió que “prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
El pasado 17 de agosto el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, advirtió que este miércoles se discutiría la convencionalidad de dicha medida así como si ésta podría ser declarada inconstitucional.
Por su parte, el proyecto de Aguilar Morales argumenta que la prisión preventiva en México es un “disfraz”, pues es más una sanción anticipada que priva de sus derechos a los imputados.
Asimismo, aseguró que también viola la Constitución además de tratados internacionales en materia de garantías fundamentales. Incluso, señaló que su implementación afecta más a las personas en situación de pobreza que no pueden acceder a una adecuada defensa tan fácilmente.
