Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por los diputados Raúl Castelo Montaño y Jorge Russo Salido, que tiene como objetivo contar con mejores herramientas para salvaguardar los derechos de los sonorenses en la prestación de los servicios públicos municipales de agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento, y disposición de aguas residuales.
El diputado morenista Raúl Castelo Montaño, explicó que el proyecto establece que, en los contratos de los organismos operadores, se establecerá una cláusula especial que señale, de manera clara y firme, la obligación de garantizar durante el proceso de ejecución y entrega de un servicio público, a salvaguardar por sus acciones la integridad física de las personas y los bienes de quienes hagan uso o disfrute de vías, vialidades o áreas públicas de uso común que haya sido o estén sujetas a la conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de dichos servicios.
También se adiciona en la Ley de Agua del Estado que los prestadores de servicios tendrán un término de 72 horas para dar cumplimiento cabal a la entrega de la obra o cualquier trabajo realizado.
Castelo Montaño subrayó que, en caso de incumplimiento se podrá realizar la rescisión administrativa del contrato del servicio de agua, además de la responsabilidad administrativa por los casos de afectación al erario público municipal o estatal.
“Una mala calidad en la prestación de servicios públicos pone en peligro la integridad física de los ciudadanos o de sus bienes materiales. Hemos sabido de la gran problemática y molestias que generan los baches en la vía pública, el hundimiento de suelos en lugares que fueron afectados por algún servicio, los focos de infección generados por zanjas o alcantarillas abiertas, así como los automóviles varados”, refirió.
Agregó que, en el esquema de Parlamento Abierto, se sostuvieron reuniones de trabajo con los representantes de los organismos operadores del agua de los municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Nogales y Agua Prieta, en compañía de otros diputados, personal del Centro de Investigaciones Parlamentarias y de la Dirección General Jurídica del Congreso del Estado.
