Una mujer de 25 años, originaria de la comunidad indígena de Chicapa de Castro, en el estado de Oaxaca, fue acusada de homicidio calificado con ventaja por la muerte de sus cuatro hijos, informó la Fiscalía General del estado.

Los menores eran tres niñas, de ocho, cinco y dos años, así como un niño de 10 meses de nacido, a quienes mataron con arma blanca.

Los hechos, que conmocionaron a este municipio indígena zapoteco de la región del Istmo de Tehuantepec, ocurrieron el pasado 2 de mayo.

Ese día, de acuerdo con información de la Policía municipal, los cuerpos de los menores fueron encontrados recostados en una cama dentro de su vivienda.

Piden no criminalizar

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) pidió no criminalizar a priori y por el contrario ampliar el conocimiento de las complejidades sociales y psicológicas que pudieron llevar a AJJ a privar de la vida a sus tres hijas y bebé en Chicapa de Castro, localidad del Istmo de Tehuantepec.

“No se debe dar por sentado de que la única culpa o responsabilidad está en las manos de las madres o personas cuidadoras cuando toman este tipo de decisiones extremas y aparentemente incomprensibles”, puntualizó Tania Ramírez, directora de Redim.

La especialista en materia de derechos humanos y de la niñez, consideró fundamental que las instancias encargadas de procurar la justicia analicen cuáles son los contextos de violencia e imposibilidad de la supervivencia que enfrentaba.

Agregó que en este tipo de casos se debe analizar cuáles son las faltas de condiciones que se dan por parte del estado y los gobiernos para que una mujer o persona cuidadora se viva y sienta en el extremo de atentar contra la vida de sus hijas e hijos y contra la suya propia.

“No hay que criminalizar a priori. Si bien la responsabilidad penal existirá una vez se haya investigado adecuadamente, no se debe criminalizar y más bien se debe ampliar el conocimiento de la complejidad de las condiciones que viven algunas madres que sometidas por estos factores, más la presión de un estereotipo de género en donde se asuma que las madres deben ser pese a toda dificultad y condición amorosas, cuidadoras”.

Las presiones sociales extremas -expuso- muchas veces no están acompañadas de herramientas y condiciones para poder enfrentarlas “y esas herramientas y condiciones no les toca a las madres resolverlas por medios propios, esos entornos deben poner el estado dentro de sus instituciones”.

Agregó que “habría que analizar con prontitud, pero con enfoque derechos, con un enfoque de género en el caso de la mamá y con un enfoque de infancias, qué es lo que pudo haber sucedido en estas circunstancias”.

La desesperación, la afectación a la salud mental propios contextos de violencias en las comunidades y hogares, además de otras violencias estructurales que afectan directamente a las mujeres como puede ser la violencia psicológica y económica por parte de la pareja, la violencia extrema y estrés multifactorial a la que se ven sometidas personas en donde no hay abasto de servicios y no hay garantía de derecho, expuso.

“A veces estos contextos en donde las condiciones de supervivencia son altamente difíciles y complejas de atender y resolver, lleva a una presión dislocante, a una presión extrema y afectaciones incluso en la salud mental de las personas cuidadoras, de las madres o los padres y esto podría estar detrás de una explicación”.

Actualmente, la mujer se encuentra internada en el penal de Tanivet en un anexo oficial para su valoración psiquiátrica dado sus antecedentes clínicos de los que se desprende la probable presencia de un episodio psicótico.