Por: Miguel Soto Treviño | @Miguel_STrev
Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), el movimiento comunitario de personas afectadas por el derrame de metales pesados que provocó la mina de Grupo México, Buenavista del Cobre, en 2014, poco a poco van comprobando la verdad tras el peor desastre ambiental minero en la historia de México: presencia de metales tóxicos en la sangre y orina de los habitantes, probables daños a la salud a largo plazo, daños económicos mucho mayores a los inicialmente calculados, desaparición de especies de insectos, entre otras graves consecuencias que salen gradualmente a la luz. Para los CCRS, que llevan años señalando esto, las revelaciones no son ninguna novedad, lo que sí es nuevo es que esta vez se cuenta ya con datos duros que sustentan sus dichos.
En los últimos meses, como lo han informado puntualmente las y los miembros de los CCRS a través de sus canales de comunicación oficiales y comunitarios, han mantenido reuniones de trabajo con distintas autoridades federales y estatales, encuentros que son el resultado de su lucha y resistencia pese al tamaño del desafío y de la corporación a la que se enfrentan desde hace casi 8 años. Las administraciones pasadas trataron de minimizar las afectaciones al río y a los derechos humanos y el mismo Germán Larrea aseguró en la única declaración pública que ha hecho al respecto que el Río Sonora “se ensució, no se contaminó”. Luego de años de trabajo de la comunidad, de litigios, de estudios de campo, de muestreos, de protestas, de trabajo con organizaciones locales e internacionales, de respaldo científico, es un hecho, no una opinión, que el Río Sonora, el ecosistema, y una buena parte parte de sus habitantes fueron contaminados y expuestos a sustancias altamente tóxicas. El Río Sonora sí se contaminó.
En los últimos meses, los CCRS se han reunido con representantes del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (COESPRISSON), de Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). En su blog comunitario, los CCRS han detallado los resultados de cada uno de los encuentros, acompañando sus comunicados con la documentación oficial.
En la mesa de trabajo de abril, las autoridades compartieron a los Comités los resultados generales de los análisis de orina y sangre que se realizaron a cerca de mil 500 personas en noviembre de 2021, un reporte técnico sobre contaminación ambiental, elaborado por el INECC y los avances en el tema de las plantas potabilizadoras pendientes para todas las comunidades afectadas por el derrame de tóxicos. Los estudios confirmaron la presencia de metales pesados en la salud de las y los pobladores de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo rural.
De acuerdo con lo expuesto por las autoridades a los CCRS, “existe una exposición homogénea y constante a plomo en más del 95% de la población, a arsénico en más del 50 por ciento, y en cadmio en más del 79 por ciento”. A esta información hay que agregar los porcentajes de población en donde se detectó “Alto Riesgo” y “Muy Alto Riesgo”, que van del 1 al 10 por ciento en cada municipio. En sangre se reportó exposición positiva y elevada a plomo en porcentajes que van del 58 al 90 por ciento de la población, exposición a cadmio en porcentajes del 17 al 59 por ciento, y manganeso entre 18 y 50 por ciento. De acuerdo con las autoridades, la presencia de plomo en orina y sangre indican una exposición reciente y crónica, respectivamente, a este contaminante. A decir de los CCRS, con base en información científica, la contaminación del agua continúa hasta ahora.
Por su parte, el INECC midió valores de metales y metaloides en 14 comunidades a lo largo de la cuenca, incluyendo a Cananea. En el aire de Bacoachi se encontraron altos valores de mercurio durante febrero. El mercurio es sensible a la temperatura y sus valores se elevan con el calor, por lo tanto en los meses de verano la concentración de mercurio en el aire es mayor. Las autoridades revelaron que la concentración de aluminio en el suelo se ha transformado a lo largo del tiempo debido al cambio de pH (acidez) en la zona. Según lo expuesto, el aluminio es uno de los elementos más tóxicos encontrados en el suelo; este no se presenta en la zona de forma natural, por lo tanto y según lo declarado por las mismas autoridades, “es consecuencia de la explotación minera y sus filtraciones al entorno de la cuenca”.
Sobre los daños a la flora y fauna, las autoridades compartieron también avances de un muestreo de insectos como indicadores de la contaminación ambiental y explicaron que debido a que la minería aumenta la presencia de metales como el aluminio, el manganeso, el cobalto y el niquel, esta actividad ha reducido la diversidad de especies. Según lo narrado a los Comités, esta alteración afecta principalmente a los cultivos ya que los hace más propensos a plagas y afecta la polinización.
Los verdaderos daños a la economía aún están por conocerse. Sin embargo, el INECC también presentó este mes un avance del análisis sobre las pérdidas económicas que se han presentado a lo largo de la cuenca. Los ejes del análisis para la estimación fueron las “limitaciones de acceso al agua y otros costos asociados”, las “pérdidas económicas en la producción agropecuaria”, las “pérdidas económicas en otros sectores de la economía (comercio, industria y servicios)”, los “daños en la salud física y mental y otros gastos en salud”, los “daños en suelos y vegetación ribereña”, y los “desembolsos realizados por el Gobierno para monitoreo”. El total de estas pérdidas asciende hasta el momento a 6 mil 423 millones de pesos, de acuerdo con las cifras oficiales presentadas a los CCRS. Esta cifra es el doble de lo estimado inicialmente en 2014.
Aún hay muchos pendientes como las potabilizadoras para todas las comunidades afectadas y el desarrollo e implementación del plan de salud integral para las y los afectados expuestos al derrame. Sin embargo, gracias a la lucha de los Comités de Cuenca Río Sonora, se van ya dando pasos en la dirección indicada. Falta aún que las y los expertos en diversas áreas, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, como PODER, y la comunidad directamente afectada, puedan aún analizar con mayor detalle la información compartida por las autoridades y los CCRS. Estos avances son el resultado de una larga lucha de mujeres, hombres e infancias que no se han dejado intimidar, una lucha por la justicia que tarde o temprano deberá alcanzar también a los responsables de esta y otras tragedias vinculadas a la minería en Sonora, porque el Río Sonora sí fue contaminado, no se “ensució”, la evidencia científica así lo demuestra.
