Un juez vinculó a proceso a Marco Antonio ‘N’, El Coma Toño, quien presuntamente está implicado en la matanza de nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, crimen cometido en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019.

Al término de la audiencia, el juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Marco Antonio fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) como probable responsable de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y daños.

Se presume que El Coma Toño forma parte del grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.

Por su parte, el activista Adrián LeBarón Soto publicó un video en sus redes sociales, donde informó que vio por videoconferencia la audiencia y dijo que le preocupa que avance tan lento el proceso para sentenciar a los criminales.

“Yo estoy preocupado porque a quienes detienen no los sentencian y no hay garantía de que vayan acercarse a ellos por sus crímenes porque no todos están por el homicidio sino por otros cargos. Yo seguiré esperando que la justicia avance y que realmente se quite de las calles a los criminales; esto no es solo por mi familia, sino por todas las familias de México”, expresó

En febrero pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) con apoyo de las fuerzas federales también aprehendió a Luis Alfonso Quintana, El Guacho, señalado de ser uno de los autores materiales de la matanza. Esta persona fue detenida en el municipio de Nuevo Casas Grande, Chihuahua.

En noviembre pasado se cumplieron dos años de la matanza y la FGR informó que se había detenido a 24 personas por estos hechos, de las cuales cinco han sido acusados por el presunto delito de homicidio calificado, tentativa de homicidio, daños y participación directa en los hechos.

El resto de los sospechosos fueron imputados por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación ilegal de arma de fuego.

Todos los detenidos son integrantes del grupo criminal La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

La FGR atrajo la investigación el 8 de noviembre de 2019, cuatro días después de los hechos, pesquisa que se encontraba en manos de la Fiscalía del Estado de Sonora.