El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acompañado de senadores y diputados federales de su partido, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por tráfico de influencias en contra de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston que fueron exhibidas a través de los medios de comunicación y, además, que se investigue todo lo relacionado a los contratos de las empresas proveedoras de Pemex”, expresó Cortés Mendoza.
Acompañado por la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón; los coordinadores en el Senado, Julen Rementería; en Diputados, Jorge Romero; y el coordinador del PAN en el Congreso del Estado de México, Enrique Vargas del Villar, el dirigente panista destacó que es evidente el conflicto de interés y el tráfico de influencias del hijo del presidente, toda vez que, después de recibir un contrato de Pemex, la empresa le presta una mansión.
“Exigimos, y por eso hoy presentamos esta denuncia de hechos, una investigación puntual, exhaustiva y con resultados creíbles a la sociedad. No queremos nuevamente un manto protector ni de impunidad, tal como ocurrió en la supuesta investigación de la tragedia de la Línea 12 del Metro que provocó la muerte de 26 personas; los responsables siguen en total impunidad”, indicó.
“Ya basta del engaño, de la mentira, de ese discurso falso de austeridad y de honestidad, que, con estos hechos, simplemente se van por la borda”, añadió.
Consideró que este caso reveló que la austeridad y la honestidad del gobierno es “un cuento”, porque “López Obrador dijo que iba a barrer la corrupción de arriba abajo, como las escaleras, pero lo que hizo fue cubrir a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes y a todos sus consentidos y colaboradores cercanos en el tapete de la impunidad”.
Recordó los casos de los hermanos del presidente recibiendo dinero, sus familiares que recibieron contratos de Pemex y el caso de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, cuyo gobierno en Texcoco quitaba una parte del salario a los trabajadores del municipio.
Los políticos panistas demandaron que la Fiscalía General de la República investigue las supuestas complicidades en este caso, con el fin de deslindar responsabilidades.
