Napoleón Gómez Urrutia, senador por Morena y líder del sindicato minero, avanza en su plan para generar crisis, al instalar un bloqueo de 250 mineros para cerrar carreteras y así seguir jugando con las esperanzas de una base social. Busca revivir por la vía política un conflicto que carece de sustento legal.
Todo para mantener en sus cuentas los 54 millones de dólares que nunca llegaron a los trabajadores.
La estrategia de Napo al parecer logró convencer al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien ya defiende las causas del líder minero, lo que está abonando en las gestiones para que el apoyo total sea decretado desde Palacio Nacional.
El camino trazado para mejorar la imagen de Gómez Urrutia incluye el respaldo de su versión de los hechos en la crisis minera de Cananea, para lo que han llegado desde la capital de la República dos reporteros de un diario de circulación nacional quienes, según fuentes dentro del propio sindicato minero, tienen la encomienda de producir reportajes que respalden la versión de Napoleón sobre la supuesta huelga, que ya ha sido declarada como inexistente por la SCJN.
Sin embargo, el líder minero se empeña en mantener vivo el conflicto político sustentado por las supuestas acciones contaminantes de la empresa que administra la mina.
Los periodistas apenas arribaron a Hermosillo el pasado 25 de enero. Fueron trasladados a Cananea por el delegado del Comité Nacional del Sindicato Minero, Heriberto Verdugo, y desde el jueves 27 estuvieron ya tomando notas y recogiendo imágenes de Cananea y sus alrededores, con el objetivo de limpiar la imagen del Senador por Morena y posicionarlo de nuevo en la agenda pública.
Dentro de las irregularidades y atropellos que han sido señalados por extrabajadores del sindicato, se encuentran las llamadas “listas negras” que habrían servido para que los afiliados a su sindicato no fueran contratados por los empleadores de la región.
Gómez Urrutia promovió el bloqueo en el que 250 mineros, quienes son aún fuerzas vivas leales a “Napito”, impusieron sobre la carretera Ímuris – Cananea por cuatro días y noches, causando severas afectaciones a la industria, a la economía y la vida cotidiana de los pobladores de esa región.
El sindicato que encabeza Gómez Urrutia justifica sus acciones con un oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que supuestamente se ordena al Estado mexicano para resolver el conflicto mediante el diálogo.
Pero, en realidad, se trata de una referencia a la figura de la solución amistosa que el organismo internacional siempre ofrece a quienes presentan alguna queja, para que se arreglen con sus contrapartes con base en la buena voluntad.
La razón de fondo es que Napoleón pretende que el conflicto se extienda para no pagar a los extrabajadores de la mina de Cananea los casi 54 millones de dólares que la empresa que la compró depositó para ellos, por concepto del 5% del valor de las acciones a inicios de la década de los noventa.
