Ovidio Guzmán no cuenta con orden de aprehensión por parte de la justicia mexicana, reveló Alfonso Durazo.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana compareció ayer durante casi seis horas ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa por el Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo el funcionario federal se dedicó a defender el fallido operativo realizado en Culiacán el pasado 17 de octubre.
Ante las críticas de los legisladores de oposición, que incluyeron amagos de juicio político y exigencias de renuncia, les pidió no lavarse las manos ante el problema de la criminalidad que dejaron los anteriores gobiernos.
Durazo aseguró que la actual estrategia de seguridad no contempla operativos contra capos, pero hay inercia en algunas instancias por llevarlos a cabo.
“Tenemos que revisar los protocolos de las cadenas de autorización de cualquier acción relevante en materia de seguridad”, reconoció.
El mando estuvo acompañado en el Salón de Plenos por el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el consejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y Santiago Nieto, titular de la UIF.
LA 4T NO HACE OPERATIVOS
A dos semanas del “operativo fallido” para capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, descartó que el gobierno federal utilice más operativos para capturar a criminales como estrategia de seguridad porque, reiteró, los debilitarán financieramente y en sus bases, regenerando el tejido social.
En su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados —de manera inédita acompañado del Gabinete de Seguridad completo—, el funcionario federal fue blanco de críticas y cuestionamientos de los diputados, quienes pusieron en duda la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno federal, exigieron juicio político en su contra y hasta le pidieron que renunciara.
“No estamos siguiendo su estrategia y no la vamos a seguir. Nosotros vamos a combatir las causas profundas que generan la inseguridad. Se equivoca quien crea que la vamos a resolver a garrotazos”, expuso en la tribuna de San Lázaro.
La comparecencia de Durazo Montaño había sido programada como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el tema que imperó fue el operativo de Culiacán del 17 de octubre, cuando Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, fue capturado y luego liberado, ante la violencia desplegada y las amenazas de cobrar vidas inocentes.
La participación de la panista Adriana Dávila fue una de las más críticas. “¿Gestionó usted, personalmente, ante el fiscal general la petición de la orden de cateo para hacerla expedita? ¿Quién negoció con los narcotraficantes? Los hechos de Culiacán los describe la ley como terrorismo, ¿cierto?”, le cuestionó Dávila.
Y entonces, Durazo Montaño reveló que “no se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, no tiene una orden de aprehensión. Hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos por los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México”.
El titular de la SSPC reconoció, otra vez, que el operativo “fue precipitado y mal planeado”, pero “siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen, e iremos por ellos a no dudarlo, para que paguen por sus fechorías. Pero la vida de la gente es insustituible”.
Expuso que “la estrategia de seguridad no contempla los operativos”, pero hay una inercia en algunas instancias en llevarlos a cabo.
“Lecciones. Tenemos que revisar los protocolos de las cadenas de autorización de cualquier acción relevante en materia de seguridad”, reconoció el funcionario.
La comparecencia duró cinco horas y media, tiempo en que permanecieron observando en el Salón de Plenos el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval; el de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; el director general del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, y el director general de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
