Artículo 19 señala, en una alerta emitida este fin de semana, que la muerte de dos periodistas el mismo día y tres la misma semana exhibe la gravedad del panorama de la libertad de expresión.

El número de homicidios contra periodistas alcanzó, durante el gobierno del presidente López Obrador, su nivel más alto en la historia reciente. De hecho, registra un incremento del 50 por ciento en lo que va de la actual administración.

De acuerdo con cifras de la organización no gubernamental Artículo 19, entre diciembre de 2017 y julio de 2018 hubo ocho casos de periodistas que fueron asesinados, presuntamente, por su labor informativa.

Un año después, en el mismo lapso, ya durante la administración del presidente López Obrador, la cifra de periodistas abatidos aparentemente por su labor sumó 12 casos.

De hecho, la semana pasada fueron tres los periodistas ejecutados: Rogelio Barragán, asesinado el martes en Guerrero, y Edgar Alberto Nava (en Morelos) y Jorge Celestino Ruiz Vázquez (en Veracruz) el viernes pasado.

“La muerte de dos periodistas el mismo día y tres la misma semana, exhibe la gravedad del panorama de la libertad de expresión”, aseguró Artículo 19 en una alerta emitida el pasado fin de semana.

Artículo 19 es una organización, nacida en 1987, que se especializa en materia de defensa del derecho a la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. Del año 2000 a la fecha ha documentado el homicidio de 130 periodistas en México.

De acuerdo con los registros, los asesinatos de periodistas en la actual administración han ocurrido en 10 estados, pero Sonora y Tabasco son las entidades con el mayor número de casos, con dos cada una.

Los otros estados donde se cometieron los crímenes son Baja California, Nayarit, Sinaloa, Oaxaca, Quintana Roo, Morelos, Guerrero y Veracruz, este último con el récord histórico de 27 de 130 casos ocurridos desde el año 2000.

En lo que va de la actual administración también fueron asesinados otros tres periodistas (Juan Carlos Huerta, el 15 de mayo, en Tabasco; Alicia Díaz, el 25 de mayo, en Nuevo León, y Juan Escamilla, el 23 de junio, en Tamaulipas), cuyos casos no se ligaron a su actividad profesional.