El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó este miércoles la entrega de información diversa a propósito de la explosión en la mina de Pasta de Conchos, ocurrida en febrero de 2006, relacionada con las acciones del gobierno luego del accidente y las investigaciones sobre el mismo.
Uno de los recursos discutidos hoy tuvo que ver con la solicitud de un particular a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de los documentos que dan cuenta de las acciones emprendidas por esa dependencia respecto a lo sucedido en Pasta de Conchos, del 1 de diciembre de 2018 al 1 de abril de 2019, tomando como referencia las declaraciones hechas sobre el tema por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su respuesta, el sujeto obligado indicó que no tenía información sobre dicho tema, por lo que el peticionario se quejó de la declaración de inexistencia de los datos e interpuso un recurso de revisión.
Aunque en la fase de alegatos la STPS reiteró su respuesta original, también informó que iniciaría la conformación del Plan Integral para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos para rescatar los cuerpos de mineros atrapados, y que en la primera medida de este plan será la instalación de un comité cuya responsabilidad será darle seguimiento a dicho proceso de rescate.
Al estudiar el tema, el comisionado Joel Salas Suárez llegó a la conclusión de que el sujeto obligado no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes para conocer de lo requerido por el particular.
Debido a ello, propuso modificar la respuesta de la STPS e instruirle que realice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades, incluyendo las delegaciones federales del trabajo, la delegación de Coahuila y la oficina del titular de la dependencia.
En el segundo caso discutido hoy sobre el tema Pasta de Conchos, se explicó que un particular le requirió a la Fiscalía General de la República (FGR) una copia del expediente completo relacionado con la explosión en la citada mina.
Frente a ello, la dependencia declaró el expediente como reservado, pues se trata de una averiguación previa en trámite. El solicitante se inconformó con dicha respuesta.
El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, admitió que la investigación aún está en curso, pero de todas formas propuso entregar los datos solicitados, en versión pública, con el argumento de que son de interés de la sociedad y forman parte de un asunto relevante a nivel nacional e internacional, pues los cuerpos de los 65 mineros fallecidos siguen atrapados bajo tierra.
Por lo anterior, propuso modificar la respuesta de la FGR y ordenarle que entregue al solicitante una versión pública de la averiguación previa del caso, clasificando como confidencial o reservada todos los datos personales de personas físicas que las hagan identificables.
Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad en el Pleno del Inai.
