Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019 fueron puestas a disposición del Ministerio Público 212 personas por sustracción de hidrocarburo en 15 entidades del país.
A la Fiscalía General de la República (FGR) se le caen los casos de huachicol. De acuerdo con registros de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) de la FGR el 80% de las personas detenidas durante esta administración por la sustracción de hidrocarburos quedaron en libertad.
Del total de los detenidos sólo 43 fueron vinculados a proceso a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República. Las 169 personas restantes fueron puestas en libertad porque el Ministerio Públicofederal no fue capaz de sustentar las acusaciones.
Incluso, las pifias de la FGR sólo han permitido al Estado obtener cuatro sentencias de 212 posibles, lo que representa una efectividad del 1.8%.
Pifias comienzan en integración de los expedientes
De acuerdo con personal de la FGR, los errores de los ministerios públicos al momento de integrar los expedientes que son presentados a jueces para judicializar las carpetas, son el principal problema que enfrenta la institución al momento de tratar de comprobar los delitos.
Entre las principales pifias se encuentra el no cotejar los datos de los elementos que realizan las puestas a disposición, inventar datos de prueba, no saberlos exponer o tratar de acusar a personas que no están relacionadas con el delito.
Los datos de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo muestran que, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, se iniciaron dos mil carpetas de investigación por sustracción de hidrocarburos. De ellas, sólo 20 fueron judicializadas, lo que representa una efectividad del 1%.
Según los registros elaborados a partir de los reportes que emiten las 32 delegaciones de la FGR, las entidades donde los ministerios públicos no son capaces de comprobar las acusaciones ante los jueces, se encuentran en estados donde los cárteles y crimen organizado ha realizado la mayor ordeña históricamente.
El Estado de México es la entidad que presenta la peor efectividad. En ese estado se iniciaron 606 carpetas, de las cuales sólo dos fueron judicializadas, lo que presenta una efectividad del 0.33%. En Veracruz sólo 3 de los 571 expedientes que se iniciaron durante ese periodo fueron aceptadas por un juez, lo que equivale al 0.52% de efectividad.
En Guanajuato, otra de las entidades más afectadas por el huachicoleo que realiza el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), La Familia, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre otros grupos, es casi imposible que se judicialice un expediente por sustracción.
Los datos indican que en esa entidad se iniciaron 152 carpetas de investigación (1 de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019), sin embargo, en sólo una de ellas el Ministerio Público presentó los elementos suficientes para judicializarla.
Jalisco es otra de las entidades donde el combate al huachicol no avanza en la vía legal. En ese estado se abrieron 102 expedientes, pero sólo uno fue aceptado por el juez.
