Ciudad de México.- En medio de la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destruyó las armas alemanas Heckler & Koch (H&K) decomisadas a la Policía de Iguala, Guerrero.

Se trata de 16 fusiles modelos G36, los cuales, según informó la propia Sedena en enero de 2017 dentro del expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, fueron destruidos por el Primer Batallón de Materiales de Guerra, basado en Santa Lucía, Estado de México.

La noche del 26 de septiembre de 2014 al menos tres fusiles H&K fueron disparados en el cruce de Periférico y Juan N. Álvarez, donde Aldo Gutiérrez recibió un balazo que lo dejó en estado vegetativo, determinaron peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) en el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-D/1340/2015.

El pasado miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló, en su informe de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Iguala, que uno de los fusiles alemanes estuvo asignado a la agente municipal Verónica Bahena Cruz, actualmente presa.

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos exigieron ayer al presidente Enrique Peña Nieto que se comprometa públicamente a que su Gobierno acatará el fallo de un tribunal que ordena crear una Comisión de la Verdad sobre el caso.

“Señor presidente Enrique Peña Nieto, le pedimos, le exigimos, que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones del Poder Judicial iban a ser cumplidas”, señaló en rueda de prensa Mario César González, padre del estudiante César Manuel González Hernández.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, remarcó que se trata de una sentencia que debe ser acatada.

“No es una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o la ONU, hoy es una sentencia de un juez mexicano y que tiene que acatarla”.

ILEGAL

» A través del Ejército mexicano la empresa H&K logró colocar fusiles en los estados de Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Chiapas, a pesar de que el Gobierno de Alemania se lo prohibió por considerar que se trata de zonas conflictivas.

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