Representantes de familiares de víctimas y sobrevivientes del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron un recurso de apelación en contra de la decisión del juez federal, Víctor Manlio Hernández Calderón, de considerar cumplidas las condiciones impuestas al extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, para extinguir la acción penal en su contra por los hechos ocurridos en marzo de 2023.
En conferencia de prensa, abogados de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y la Clínica de Derechos Humanos Alaidee Foppa de la Universidad Iberoamericana, organizaciones que representan a 10 núcleos familiares de víctimas mortales y a 10 sobrevivientes del siniestro, sostuvieron que el proceso contra Garduño no está cerrado y que están pendientes recursos judiciales por agotar.
Marcos Zavala, de la FJEDD, explicó que “la causa penal no está cerrada”, que en la víspera se interpuso “el recurso de apelación correspondiente”, y que ahora su tarea es “acudir a las instancias judiciales y no jurisdiccionales, como en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e impugnar todas sus determinaciones para documentar estas omisiones”, con miras a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Tras detallar los 13 juicios de amparo que interpusieron los representantes de las víctimas a lo largo del proceso, algunos con suspensiones definitivas y otros más en proceso de amparo que no fueron atendidos por el juez federal, Zavala consideró que lo que quedó claro durante el litigio contra Garduño es que “el sistema jurídico mexicano no es capaz de analizar en su justa dimensión casos de graves violaciones a derechos humanos”.
El abogado dijo que durante el proceso judicial se advirtió que “todo el aparato está alineado para limpiarle el expediente en materia penal o administrativa del señor Francisco Garduño Yáñez”, quien en enero pasado fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Tampoco nosotros creamos unas falsas expectativas en las víctimas y creo que ellas lo saben, que si en el sistema jurídico mexicano no se puede alcanzar una esperanza de justicia, pues tendremos que acudir a un sistema interamericano.
“Sin embargo, estar dentro de los procesos nos permite documentar todas estas omisiones que hemos impugnado, cosa por cosa, dentro de la investigación, la ausencia de las víctimas y los procesos penales federales que fueron realizados a modo de fraude procesal y simulación procesal a favor, en este caso, del señor Francisco Garduño”, señaló Marcos Zavala.
Entre las anomalías descritas por los abogados resaltaron que desde el inicio del proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) incurrió en anomalías, pues a pesar de que se le acusó de los mismos cargos que a otras diez personas inculpadas, a Garduño se le acusó de “ejercicio indebido del servicio público”, y al resto por homicidio de 40 personas y lesiones graves a 20; que no se atendió a las víctimas que pidieron al juez la reclasificación del delito, que se opusieron a que siguiera el juicio en libertad y que se le otorgara el beneficio de un proceso abreviado; que las siete medidas que impuso el juez a Garduño no se atendieron cabalmente a pesar de que las víctimas lo estuvieron denunciando; que el juez no atendió las suspensiones definitivas que obligaban a reponer el procedimiento, en tanto que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) litigó en favor del actual funcionario de la SEP.
Gabriela Romero de DHIA contó que en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 13 de octubre, víctimas expresaron el incumplimiento de medidas fundamentales como la atención médica y la reparación integral del daño, y el rechazo a la disculpa pública de septiembre de 2025.
Explicó que una de las condiciones que “se le había impuesto al imputado era que dejara instrucciones para crear un fideicomiso ex profeso que se siguiera fondeando para hacer frente a las reparaciones que aún faltaban de suministrar a las víctimas”.
Sin embargo, lo que Garduño presentó como prueba de cumplimiento fue un fideicomiso preexistente de la Secretaría de Gobernación, que nació en 2012 para solventar reparaciones de daño ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que en 2014 ampliaron sus facultades para atender las resoluciones de la CNDH.
“Esto quiere decir y comprueba, y así lo hicimos del conocimiento del juzgador, que fue utilizado un fideicomiso para otros fines, para precisamente conducirlo, como ya lo mencionamos, al proceso penal del excomisionado del Instituto Nacional de Migración”, apuntó Romero.
En la audiencia, víctimas que se conectaron desde sus lugares de origen sostuvieron que a pesar de que se estableció un convenio entre la Segob, el INM y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que los sobrevivientes recibieran atención médica a través de esa institución, “no se ha podido materializar”, lo cual pudo ser comprobado con “las solicitudes que se han hecho en diversas ocasiones para que estas víctimas reciban la atención médica, en específico víctimas que han requerido atención médica urgente, sin que la hayan recibido”.
Romero destacó que en la audiencia las víctimas hicieron hincapié en que el acto de disculpa pública, que fue otra de las condicionantes, “no consideraron que fuera un hecho que dignificara la memoria, en el caso de las víctimas fallecidas, la memoria de sus familiares, o en el caso de los sobrevivientes, que pudiera resignificar el hecho, porque esta disculpa pública fue condicionada, porque justamente deviene de este proceso penal del excomisionado, por lo tanto no consideraron que fue para ellas una medida de satisfacción”.
A pesar de que lo anterior “se hizo del conocimiento al juez, no fue tomado en cuenta no solamente el señalamiento que hizo esta asesoría victimal, sino el propio dicho de las víctimas no fue tomado en cuenta”, lamentó Gabriela Romero.
Los abogados de las víctimas del incendio en Ciudad Juárez puntualizaron que el proceso judicial contra Francisco Garduño no está cerrado y que probablemente tendrá que volver a tribunales una vez que procedan las apelaciones presentadas.
Fuente: Proceso
