Familiares y el abogado del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Robles, acusaron a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de traicionar a quien fue su colaborador, luego de la detención del exfuncionario en la capital del estado.
En declaraciones al diario Reforma, el abogado Luis Villegas Montes sostuvo: “Nunca había visto en mis más de 30 años de experiencia en el ámbito político panista una traición, una mezquindad y un acto tan vil y traicionero. No conozco en el seno del PAN a un hombre que haya luchado con mayor vigor y lealtad y de forma incansable para proteger a Maru Eugenia. Es una traicionera”.
Angélica Moreno, esposa del exfiscal, declaró al mismo diario que la detención es “una aberración de la Gobernadora”.
Mientras se desarrollaba la audiencia judicial, un centenar de simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN) protestó frente al edificio del Poder Judicial de Chihuahua para exigir la liberación de Jáuregui Robles y para demandar que se le permita competir por la candidatura a la alcaldía de la capital estatal. Entre los manifestantes estuvieron el exalcalde y exdiputado federal Juan Blanco Zaldívar y el senador Mario Vázquez Robles. Los panistas consideraron que el exfiscal es un preso político.
“Esto es una maniobra política que está prendida con alfileres, cuyo única pretensión es impedir que César que pueda continuar en la búsqueda de la alcaldía de Chihuahua”, expresó Villegas Montes.
La detención ocurrió en plena definición de candidaturas del PAN rumbo a las elecciones de 2027. Jáuregui Robles buscaba la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, mientras Campos Galván respaldó al alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza. La gobernadora evitó pronunciarse respecto a si el exfiscal era un buen perfil para la candidatura y subrayó que existen carpetas de investigación abiertas en su contra. Días antes de su arresto, Jáuregui Robles publicó un video en el que defendió su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua y se refirió a la sucesión en el poder estatal.
Jáuregui Robles fue detenido el 17 de octubre de 2026, a las 10:30 horas, por policías estatales que cumplimentaron una orden de aprehensión por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Horas después, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció una segunda orden en su contra por traición a la patria.
Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la FGE de Chihuahua, nombrado por Campos Galván, señaló que la investigación estatal no cuestiona los resultados del operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde fueron desmantelados laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. “Lo que se investiga es la forma en la que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y de los protocolos aplicables”, dijo.
En ese operativo, durante el descenso de la Sierra Tarahumara, un accidente vial costó la vida a cuatro personas: dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), entre ellos su director, y dos ciudadanos estadounidenses identificados después como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). El caso abrió un diferendo entre el Gobierno Federal y la administración estatal encabezada por Campos Galván. Jáuregui Robles renunció a la FGE el 27 de abril del mismo año, con carácter irrevocable, y reconoció públicamente “omisiones tanto en la información como en la gestión institucional” respecto a los puntos de contacto con el personal extranjero.
En la audiencia inicial, celebrada en la Ciudad Judicial de Chihuahua y extendida por más de 10 horas, el juez de control descartó imponer la prisión preventiva en la causa estatal. Consideró que esa medida exige una justificación específica, que antes deben analizarse las alternativas del sistema penal acusatorio y que la capacidad económica del exfiscal no bastaba para presumir riesgo de fuga, como había planteado la FGE. En su lugar fijó la presentación mensual ante la autoridad, la entrega del pasaporte y de la visa estadounidense y la prohibición de comunicarse con los testigos. También descartó el brazalete electrónico, opción que se puso sobre la mesa durante la diligencia.
La audiencia para determinar si Jáuregui Robles es vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición se reanudará el día 22 del mismo mes y año, a las 10:00 horas. En paralelo avanza la causa federal por traición a la patria, que corresponde a la FGR y a un juez federal.
Fuente: Zeta
