Por: Debate
La investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de los señalamientos formulados en Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tiene un punto central que trasciende el conflicto político: hasta julio de 2026, el Ministerio Público Federal reconoció que no había reunido pruebas suficientes para alcanzar el parámetro probatorio exigido por la legislación mexicana.
El dato no significa que la investigación haya sido cerrada ni que la autoridad mexicana haya determinado que los señalamientos carecen de sustento. Significa que, con la información disponible en la carpeta, la FGR no ha encontrado elementos suficientes para proceder penalmente bajo los estándares nacionales.
Analistas y políticos de oposición ven, sin embargo, una actuación facciosa de la FGR contra opositores de la llamada Cuarta Transformación y de complicidad con ligados al oficialismo.
La Fiscalía General de la República es el modelo trasladado de la FGJ CDMX, subrayó el analista político Saulo Dávila, de Integralia Consultores. Son las mismas personas. Sin embargo, acotó que es algo perfectamente normal.
El punto de partida
La indagatoria de la FGR comenzó, a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, después de que autoridades estadounidenses presentaron a finales de abril de 2026 una solicitud de detención provisional con fines de extradición relacionada con 10 ciudadanos mexicanos de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
En mayo, la propia Fiscalía informó que las personas señaladas serían entrevistadas por el Ministerio Público Federal como parte de las diligencias y que la investigación se conduciría con apego al debido proceso.
Pero desde el inicio apareció un problema jurídico: la documentación recibida de Estados Unidos no contenía, según la FGR, elementos suficientes para justificar una detención provisional.
El fiscal especializado de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, señaló entonces que no existían pruebas anexas que acreditaran la comisión de un posible delito y que se requería información adicional a las autoridades estadounidenses.
En julio, la FGR volvió a precisar el alcance de la investigación. David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, declaró que no había pruebas que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo requerido por el derecho mexicano, aunque la indagatoria continuaba abierta y, según la Fiscalía, había sido exhaustiva.
Las pruebas
La FGR ha sostenido que los señalamientos estadounidenses constituyen el punto de partida de la investigación, pero no sustituyen la obligación del Ministerio Público Federal de acreditar hechos conforme al derecho mexicano.
El analista en seguridad Asael Nuche afirmó que la Fiscalía ha sido parcial en el desarrollo de las investigaciones y recurrentemente pasiva frente a la información que ha brotado en medios de comunicación y que se ha ido filtrando gradualmente desde diferentes instancias de seguridad y de gobierno de Estados Unidos.
Apuntó que lo poco que ha hecho la Fiscalía es justificar que no hay evidencia que haya aportado la autoridad de Estados Unidos. “Pero eso no significa que no esté obligada a investigar la propia Fiscalía todas las inconsistencias que han surgido alrededor de la actuación de todos estos personajes”, abundó el analista de Causa en Común.
Sheinbaum: si la FGR no encuentra pruebas, puede cerrar el caso
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) el futuro de las investigaciones abiertas contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez y otros siete funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, al señalar que, si no existen pruebas, el caso puede cerrarse.
El 24 de agosto de 2026, durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la investigación contra Rocha Moya y sobre si existían acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sheinbaum respondió que correspondía a la Fiscalía informar sobre el expediente y estableció los dos escenarios. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que, en todo caso, informe, porque ellos son los que deben informar, ellos son los que tienen investigación y ellos son los que tienen que informar. Y en su caso, si no encuentran pruebas, pues proceder a cerrar el caso; si encuentran pruebas, pues seguir procediendo con la investigación. O sea, es la Fiscalía”, declaró Sheinbaum.
Actuación facciosa
El expediente tiene una característica relevante: Estados Unidos tiene una acusación penal y México tiene una investigación propia, pero la FGR sostiene que necesita elementos probatorios adicionales de Washington para avanzar conforme al estándar jurídico mexicano.
Seguimos viendo el actuar de una fiscalía facciosa, una FGR que actúa rápido cuando se trata de nombres relacionados con la oposición, pero que no actúa contra personajes ligados al oficialismo, consideró la diputada federal del PAN, Paulina Rubio.
La Secretaría de Gobernación confirmó el 21 de agosto que la FGR mantenía abiertas las investigaciones relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia estadounidense, incluido Rocha Moya. Al mismo tiempo, la SRE había solicitado reiteradamente a Washington las pruebas que sustentaran los señalamientos.
“Vemos de nuevo una justicia que solo atiende los asuntos cuando le conviene, mientras vemos un gobernador que goza de absoluta impunidad y que pareciera, más bien, que el gobierno federal le apuesta a que a los mexicanos y mexicanas se nos olvide que existe un gobernador señalado por sus vínculos con el crimen organizado”, con la legisladora a El Debate.
“Y que bastó con separarlo del cargo para entender que se ejerció alguna clase de justicia, cuando seguimos sin entender por qué hasta hoy en día no hay ninguna investigación abierta en contra del gobernador que permita, en todo caso, entregarlo a la justicia estadounidense”.
Su compañero de bancada, el diputado federal Federico Döring fue más duro: “Vivimos en un narcogobierno donde la Fiscalía Genera de la República no se dedica a perseguir, investigar y a combatir los delitos que agravian al pueblo de México, sino a defender a los narcos del Bienestar”.
Saulo Dávila citó el caso de Ernesto Ruffo, el primero gobernador de oposición en México, señalado por el delito de huachicol fiscal, que terminó judicializándose en cuestión de días.
“Se gira la orden de aprehensión, se le detiene, se judicializa, todo en menos de una semana, algo que no ocurre en el caso de Rubén Rocha Moya, a quien se le estará investigando pero por debajo de la mesa, ni siquiera se ha hecho público que se está indagando. Tampoco de Enrique Inzunza, quien regresa a tomar el cargo como senador, y Juan de Dios Gámez Mendívil”, aseveró.
EXTRADICIÓN: Presión política en el caso Sinaloa
El gobierno mexicano tiene razones para tener reparos en extraditar al gobernador con licencia Rubén Rocha, porque aunque la solicitud viene de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, no del gobierno federal, tampoco es descabellado pensar que hay cierta injerencia por parte de la administración de Donald Trump, señaló el abogado Pedro Martínez Esponda.
El académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana mencionó que el Artículo 9 del Tratado de Extradición prevé que cuando se trate de un nacional, en este caso de mexicanos, el Estado al que se le solicitó puede negar el procedimiento.
Martínez Esponda apuntó que aunque las pruebas fueran suficientes para extraditar a Rocha y demás señalados, México podría declinar efectuar la extradición bajo el Artículo 9. Explicó que el país conserva la potestad de no extraditar, aunque eso se traduciría, probablemente, en un conflicto diplomático con Estados Unidos, pero legalmente lo puede hacer.
El experto apuntó que hay razones para sospechar que políticamente sí pudo haber algún tipo de presión sobre la Fiscalía sobreseyera la solicitud sobre rocha. “Esto son solo conjeturas, pero entiendo al gobierno federal al decir: esto puede tener un trasfondo político, independientemente de que el gobernador haya participado en actividades criminales, o no”, anotó.
