El gobernador Gavin Newsom firmó en California la ley AB 2624. La norma habilitó un programa para que trabajadores y voluntarios que asisten a inmigrantes puedan ocultar sus direcciones en registros públicos y, además, sancionará la difusión en internet de sus datos cuando busque incitar violencia en su contra, según Los Angeles Times.
El programa estatal de confidencialidad de direcciones entrará en vigor el 1 de octubre de 2027. Para acceder, los solicitantes deberán inscribirse ante la secretaría de Estado, documentar una amenaza ocurrida en el último año y recibir una dirección sustituta que, por regla general, las agencias gubernamentales deberán aceptar.
El alcance incluye a proveedores de servicios, empleados y voluntarios de organizaciones sin fines de lucro, clínicas legales comunitarias, estudios jurídicos y centros de salud.
La ley apuntó a quienes trabajan con comunidades inmigrantes y, de acuerdo con la publicación, busca darles una vía formal para resguardar su domicilio frente a episodios de acoso o amenazas.
La norma también prohibirá difundir en línea la información personal o la imagen de un participante con la intención específica de incitar un daño corporal grave e inminente, o de amenazarlo hasta generar un temor razonable por su seguridad. Newsom la promulgó sin hacer comentarios.
A quiénes cubre el programa de confidencialidad de direcciones
De acuerdo con la publicación, AB 2624 fue impulsada por la asambleísta Mia Bonta, demócrata por Alameda, como respuesta a amenazas, acoso o violencia sufridos por personas que trabajan con comunidades inmigrantes.
La ley creó un programa estatal de confidencialidad de direcciones para quienes brindan asistencia legal, humanitaria y otros servicios vinculados con esa población.
El texto describió un esquema que combina un requisito de inscripción con una verificación de riesgo reciente: quienes soliciten la protección deberán acreditar una amenaza ocurrida dentro de los últimos 12 meses.
Una vez aceptados, contarán con una dirección sustituta para su uso ante organismos estatales, con la expectativa de que las agencias gubernamentales la tomen como válida en sus trámites.
La firma ocurrió el mismo día en que la oficina del gobernador informó la aprobación de otras cuatro leyes, entre ellas normas sobre el uso de inteligencia artificial en el Colegio de Abogados del estado, la mediación en custodias infantiles, la publicación en línea de auditorías de gobiernos locales y la enseñanza de salud en las escuelas.
El asambleísta Carl DeMaio, republicano por San Diego, bautizó el proyecto como la “Ley para detener a Nick Shirley”, en referencia a un influencer digital de derecha que publicó videos con denuncias sobre presuntos problemas en guarderías administradas por somalíes en Minnesota y en hospicios del área de Los Ángeles. DeMaio sostuvo que la iniciativa restringiría a periodistas ciudadanos.
El debate: protección frente al acoso y riesgo de afectar el trabajo periodístico
En mayo, Carolyn Iodice, de la Foundation for Individual Rights and Expression, advirtió al diario que leyes similares habían sido usadas contra periodistas.
Como ejemplo, señaló una norma de Nueva Jersey invocada por funcionarios para impedir que el editor de un medio local publicara la dirección particular de un mando policial.
“Era obviamente de interés periodístico, pero este oficial pudo usar la ley contra este periodista, y ese es el tipo de cosa que nos preocupa”, dijo Iodice al medio.
Bonta rechazó que la nueva legislación equipare la actividad periodística con el doxxing que intenta sancionar. En un comunicado, afirmó: “AB 2624 trata fundamentalmente sobre la libertad: la libertad frente al miedo que permite a nuestros proveedores de servicios para inmigrantes hacer su trabajo, y la libertad de prensa para hacer el suyo sin que nunca se la confunda con la divulgación maliciosa de datos personales a la que esta ley realmente apunta”.
La legisladora añadió que esos dos principios “nunca estuvieron en tensión” y sostuvo que, en este momento, los prestadores de servicios a inmigrantes “viven con miedo por culpa de extremistas que buscan demonizar el trabajo que hacen y a las poblaciones a las que sirven”.
También calificó esa situación como “una consecuencia intolerable de la retórica antiinmigrante que existe ahora mismo”.
En la misma declaración, Bonta celebró la promulgación de la ley y aseguró: “Estoy orgullosa de que, con la firma de este proyecto, California esté rechazando eso, incluso cuando la gente intenta hacernos sentir que el costo político de apoyar a las comunidades inmigrantes es demasiado alto”.
