La escasez de medicamentos en el sector público de Salud comenzó al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se empezó a implementar la estrategia de compra consolidada, y hoy “sigue siendo una de las principales barreras para garantizar el derecho a la salud en nuestro país”, asegura Evelyn Guzmán, presidenta nacional del colectivo Cero Desabasto.
En entrevista con Proceso, informa que según datos registrados en la plataforma digital cerodesabasto.org, desde 2019 —cuando se creó el colectivo al inicio de la llamada Cuarta Transformación— hasta el 16 de julio de 2026 han recibido 12 mil 974 reportes de pacientes y organizaciones por falta de medicamentos. Tan sólo en lo que va de 2026 suman 270 reportes desde varios estados.
Dicha plataforma es un esfuerzo colectivo de varias organizaciones impulsada en su inicio por Práctica: Laboratorio para la Democracia y Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades “para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud”.
Datos del colectivo indican que de 2022 a 2026 el IMSS ordinario lidera el registro como la institución que más carece de medicinas, insumos y material de curación en el sistema público de salud con dos mil 11 reportes. Le sigue el IMSS Bienestar con mil 213, el ISSSTE con 432, Pemex con 23 y Sedena con 22 reportes.
Evelyn Guzmán, presidenta nacional de Cero Desabasto, enfatiza que el problema de desabasto en el país ya no puede entenderse sólo como falta de medicamentos, sino como una combinación de varios factores, entre ellos: cambios institucionales por la implementación del IMSS Bienestar, problemas en la planeación de la demanda, retrasos en los procesos de compra y adjudicación, dificultades logísticas para distribución hasta las unidades médicas y problemas de coordinación entre federación y entidades federativas.
Esas deficiencias, advierte, “han provocado interrupciones en tratamientos, un gasto en el bolsillo de los pacientes y sus familiares y, en muchos casos, el deterioro de la salud de las personas, porque se ven obligadas a interrumpir sus tratamientos ante la falta de medicamentos e insumos”.
Pobres gastan más en salud
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2025, cerca del 50% de los mexicanos atiende sus necesidades de salud en el sector privado, aunque tengan afiliación al IMSS, ISSSTE, Pemex o Fuerzas Armadas.
El porcentaje es mayor entre quienes no tienen seguridad social y que, se supone, debe atender el IMSS Bienestar: seis de cada 10 recurren a consultorios privados y compran sus medicinas en las farmacias de al lado, cuando se trata de enfermedades del primer nivel de atención, por ejemplo, infecciones respiratorias, gastrointestinales y otros padecimientos comunes.
Esa oportunidad de negocio la ha aprovechado el sector privado: en la actualidad se estima que hay más de 65 mil farmacias privadas en México, de las cuales 17 mil tienen consultorios adyacentes.
En julio de 2025 la organización civil México Evalúa presentó el análisis “Situación del gasto en salud de los hogares en México 2018 vs 2024”, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del INEGI.
En él reveló que en ese periodo 1.11 millones de hogares recurrieron a “gastos catastróficos” en salud —los que ponen en riesgo su estabilidad financiera, pues superan el 30% de su capacidad de pago—, frente a los 436 mil 783 hogares en la misma situación en 2018.
Así, ese tipo de gasto se disparó 64.5% en seis años. Esas familias fueron arrojadas por debajo de la línea de pobreza por gastar en servicios médicos que el Estado está obligado a darles. El efecto “más severo” fue entre los hogares con menos recursos y sin acceso a seguridad social.
Transparencia y sustento técnico
El lunes 10 último, Proceso publicó el reportaje titulado “Expertos alertan sobre crisis en hospitales del IMSS-Bienestar por recorte en catálogo de medicinas”.
En él se incluye una entrevista con el secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba, quien denunció que a partir de agosto los hospitales del IMSS-Bienestar “usarán un sistema que impedirá recetar medicamentos que no estén en el catálogo disponible de cada unidad médica”.
El instituto dirigido por Alejandro Svarch aseguró que “es falso que la actualización del catálogo de medicamentos implique que el IMSS Bienestar tendrá menos medicamentos para sus pacientes”.
Sin embargo, más allá del debate político, Evelyn Guzmán, presidenta nacional del colectivo Cero Desabasto, subraya que el derecho a la salud “es fundamental y debe garantizarse en todos los sentidos, incluidos atención, disponibilidad y calidad de medicamentos, accesibilidad y calidad de la atención en la salud”.
También advierte que las decisiones sobre qué medicamentos debe recibir un paciente “deben estar sustentadas principalmente en criterios clínicos y en la mejor evidencia científica disponible, no sólo en criterios administrativos o de disponibilidad”.
Y es clara: “Es entendible que todo sistema de salud busca optimizar recursos mediante cuadros básicos y protocolos terapéuticos. Sin embargo, cuando la reducción de opciones limita la capacidad del personal médico para elegir el tratamiento más adecuado para cada paciente, responde únicamente a problemas de abastecimiento y eso genera el riesgo a afectar la calidad de la atención de los pacientes”.
Lo “deseable”, dice, es que las decisiones sobre el catálogo de medicamentos “sean transparentes, estén sustentadas técnicamente y contemplen mecanismos para atender los casos en los que un paciente requiere una alternativa terapéutica distinta”.
Fuente: Proceso
