Sin una ley específica que sancione la violencia vicaria y sin un seguimiento puntual por parte de instituciones nacionales, al menos 5 mil 286 mujeres y 11 mil 100 niños, niñas y adolescentes viven violencia vicaria en México, denunciaron defensoras de derechos humanos y víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia llevada a cabo en la sede del organismo en Washington, las solicitantes expusieron que a pesar de las reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia y de la creación de una Secretaría de la Mujer durante la actual administración de Claudia Sheinbaum, “no existe, a la fecha, un registro nacional oficial y unificado que permita cuantificar el número de mujeres y de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia vicaria”.
La violencia vicaria, recordaron, es aquella “violencia que se ejerce sobre las hijas e hijos -y sobre las personas más cercanas y queridas por la mujer- con el propósito deliberado de herirla a ella de forma indirecta”.
Hasta ahora, con lo que cuentan las organizaciones es con la estimación del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que ha documentado a marzo de 2026 los casos de 5 mil 286 mujeres que viven ese tipo de violencia de género, y que son madres de 11 mil cien niños, niñas y adolescentes que sufren también.
La audiencia fue solicitada por la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), Madres Libertarias, Mujeres Unidas Jalisco, Justicia para Madres e Infancias, Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, cuyas representantes expusieron ante los integrantes de la CIDH, presididos por Andrea Poshak, la violencia institucional reflejada en la protección a los agresores, ya sea por la corrupción de agentes ministeriales o jueces, o por el patriarcado imperante en el país, en agravio de mujeres y sus hijos e hijas.
Sin cambios sustanciales
Ante representantes del Estado mexicano, encabezados por Alejandro Encinas Rodríguez, las peticionarias puntualizaron que instituciones como la Secretaría de la Mujer, no han significado cambios sustanciales para las mujeres violentadas.
“Sí es cierto que hay una Secretaría de la Mujer, sí es cierto que son bien lindas, bien simpáticas, pero también es cierto que no resuelven los problemas. También es cierto que las mujeres llegan y que las abogadas les dicen ‘te vamos a hablar’ y después dejan de hacerlo. Es decir, sí existe una Secretaría, nos llevamos bien con la Secretaría, pero no resuelve. Es omisa. En México la justicia se inclina hacia los hombres y el resultado está aquí con las compañeras que están presentes que han sido víctimas de violencia vicaria”, sostuvo Magdalena López Paulino, directora de la RSDCIAC.
En la audiencia, Elisa Saldívar ejemplificó la inoperancia de la normatividad con su caso, como madre de dos niños a quienes desde hace tres años no ve, a pesar de haber ganado un amparo para que le fueran restituidos.
“¿Cuándo escuchan las autoridades a los niños? En los juzgados se escucharon los gritos de mis hijos cuando gritaban ‘¡por favor, mi mamá, por favor! Lloraban por todo el juzgado familiar y el juez dictó la custodia provisional a la mamá de él, ni siquiera al agresor.
“Después de ganar el amparo, llevaron a mi hijo a declarar ante un falso perito para decir que había sido abusado. Cuando a mí me encarcelan, posteriormente lo que hacen es, pues, buscar dónde están las pruebas, dónde están las testimoniales, la pericial, dónde están los audios, videos, nunca existieron. Entonces, ese es el tipo de escucha que le dan a los menores, falsa”, contó.
Blanca Paredes apuntó que “aunque tenemos ley vicaria, realmente hay letra muerta, la mayoría de los jueces, o sea, en los juzgados de los familiares, no se defienden los derechos de la familia realmente, no los de los niños, no los de las mujeres, sino los de los agresores”.
En la exposición las peticionarias señalaron que mientras las organizaciones de la sociedad civil acompañan a las 5 mil 286 mujeres víctimas de violencia vicaria, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que en 2022 acompañó 150 casos.
De acuerdo a los datos de la sociedad civil de las más de 5 mil mujeres violentadas, 90% han sido sometidas a una denuncia penal; 88% siguen trámites en su contra iniciados por su agresor; 57% han sido denunciadas por violencia familiar, lo que les ha implicado perder la guardia y custodia de sus menores a favor del agresor; 62% identificó pruebas simuladas ,y el 71% ha sufrido violencia institucional.
Sobre la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia que incluye el concepto de violencia vicaria como un tipo de violencia de género, las peticionarias recordaron que lejos de ser una ley autónoma, la figura “subsiste en el orden penal federal, como circunstancia agravante de otro delito, sin descripción típica ni propia ni elementos objetivos ni subjetivos definidos”.
Reconocieron que a nivel local, el delito está considerado en 29 estados de distintas maneras, por lo que urgieron a la homogenización de las legislaciones, y que se establezca una ley particular que sancione la violencia vicaria.
Proponen crear un registro
Las organizaciones solicitaron un pronunciamiento conjunto de las relatorías de la CIDH sobre derechos de la Mujer y de la Niñez; pedir información al Estado mexicano sobre “número de carpetas de investigación, vinculaciones a proceso y sentencias por violencia vicaria desde enero de 2024 desagregadas por entidad federativa y por sexo de la persona imputada; que el tema sea incorporado en el informe anual sobre México”.
Asimismo, pidieron que se recomiende al Estado mexicano la creación de “un registro nacional único, público y desagregado de denuncias, investigaciones, procesos y sentencias en materia de violencia vicaria, con metodología homologada y publicación periódica”; armonizar el delito de violencia vicaria como un delito autónomo, “con elementos precisos y sujeto activo delimitado”, reconociendo a las niñas, niños y adolescentes “como víctimas directas y no como instrumentos”.
Las mujeres exigieron que se elimine el uso de la figura de la “alineación parental y de pseudo conceptos análogos”, a través de los cuales se acusa a las madres de influir en sus hijos para acusar a sus progenitores de abusos por lo general de tipo sexual, y eludir con ello responsabilidades penales, y establecer “un protocolo nacional único de actuación, u la formación obligatoria y evaluable en perspectiva de género e infancia del personal que interviene en procesos familiares”, así como solicitar al Estado mexicano una reunión de seguimiento.
En representación de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez explicó que la dependencia ha atendido 117 casos de violencia contra mujeres de octubre de 2024 a julio de 2026, de los cuales el 25% de casos estuvieron relacionados con restitución de hijos y guardia y custodia, además de que se han presentado denuncias por sustracción de menores.
La funcionaria recordó que está activa la línea 079 para brindar servicios a mujeres violentadas, entre ellas contención emocional y servicios especializados; que hay mil 200 abogadas para acompañar procesos legales, así como 85 centros de justicia para mujeres y 90 refugios especializados de atención a mujeres.
Fuente: Proceso
