Los políticos y funcionarios de México están utilizando las leyes del país para intimidar a los críticos y a los medios de comunicación, obligándolos a la censura y frenando el escrutinio.
Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.
Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales. En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas.
México lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.
Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.
“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se les repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.
Quienes defienden las leyes suelen argumentar que su uso es legítimo. La senadora responsable de gran parte del marco legal mexicano contra la violencia de género, por ejemplo, rechazó la idea de que las mujeres políticas estuvieran haciendo un uso indebido de estas protecciones para silenciar la crítica.
“Sí hay periodismo, lo tengo que reconocer, que es muy leal a sus principios”, dijo la senadora, Martha Lucía Mícher, miembro del partido político gobernante de México, Morena. Y agregó: “Pero también hay un periodismo —con todo respeto lo digo— muy misógino”.
Mícher dijo que estaría dispuesta a revisar cómo se están resolviendo los casos. “Nosotras no estamos abusando de esas leyes”, afirmó. “Nosotras somos víctimas”.
Sin embargo, a principios de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que representa a medios de comunicación de todo el hemisferio, situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión al citar un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.
Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.
Fuente: New York Times
