Por tercera ocasión esta semana, el gobierno de Clara Brugada impidió el acceso a la Ciudad de México a un contingente de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada en 2014, así como a estudiantes de normales rurales del país que pretendían sumarse a las manifestaciones de colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Estadio Ciudad de México.
Después de cuatro horas de negociaciones con autoridades capitalinas, “por motivos de seguridad nacional” los estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de Mexico (FECSM) y el colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez permanecieron retenidos en la caseta de Tlalpan, que fue bloqueada en ambos sentidos.
En un pronunciamiento el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que los normalistas llegaron a las 10 de la mañana y la caseta de Tlalpan y ahí ya estaba el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina, de la Secretaría de Gobernación, “para no dejarlos pasar”.
Detrás del funcionario se encontraba un amplio contingente de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital “para no permitir que el contingente siguiera su camino al Estadio Azteca”.
“Las autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México en lugar de proteger a las víctimas que tienen el corazón destrozado impuso las fuerzas policiacas. Se ha empezado a criminalizar la lucha de las madres y padres de los 43, así como el magisterio y los colectivos de madres buscadoras”, señaló Tlachinollan.
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, las autoridades capitalinas atravesaron un camión de la policía para cerrar el paso a los normalistas y a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Como respuesta, los familiares y estudiantes tapizaron el vehículo con las fotografías de los 43 normalistas desaparecidos, imágenes que también colocaron en algunos de los escudos de los policías antimotines.
Tlachinollan retomó el testimonio de la señora María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, quien el lunes 8 “vivió el hostigamiento de la policía en la caseta de Tlalpan”, como parte de un grupo de padres y madres de los normalistas desaparecidos, que arribaron ese día a la Ciudad de México.
De acuerdo con la madre de familia, ese día los recibió un operativo de “más de 500 policías”, que los “encapsularon” y los intimidaban con “perros para rastrearnos, barretas, picos, marros y estaban bien equipados y armados”.
Para Tlachinollan, “el operativo desplegado fue desmedido”, pues las autoridades “irrumpieron sin permiso y sin orden de cateo”, operaban bajo la orden de “no dejar pasar a los normalistas y a las madres y padres”.
La organización condenó que el funcionario “Arturo Medina fuera quien está obstaculizando la búsqueda de sus hijos. A pesar de que conoce a las familias no las dejó pasar”.
Según el testimonio citado, es la primera vez que los policías capitalinos “se atrevieron” a revisar a los padres y madres de los 43 normalistas, lo que significó para los familiares de los jóvenes desaparecidos “una burla a la memoria” de las víctimas.
“Como padres de familia estamos muy enojados con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque nosotros lo único que traemos son nuestras lonas (…). A los delincuentes no los detienen, pero sí a nosotros que exigimos el regreso de nuestros hijos”, dijo María de Jesús Tlatempa.
En el mitin que realizaron en la caseta de Tlalpan, el abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar, resaltó que las autoridades de la Segob les indicaron que “por seguridad nacional” se les impedía el acceso a la Ciudad de México, por lo que cuestionó “qué peligro representan” los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos que justifiquen la movilización de “cientos o miles” de policías.
Vicario Aguilar señaló que mañana viernes regresarán los padres y madres acompañados de los estudiantes para tratar de ingresar a la Ciudad de México.
“Lamentamos que nos faltan tres meses para que se cumplan 12 años sin saber de los normalistas, sin saber la verdad y el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de otras personas más que se encuentran desaparecidas. Lamentamos que después de que el Estado mexicano aceptara que se trató de un crimen de Estado, ahora pretendan acallar un caso como Ayotzinapa”, señaló el abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario Aguilar.
Fuente: Proceso
