Por Antonio López Moreno
Las maestras encargadas de estancias infantiles que mantienen tomado el Congreso de Sonora, respondieron a la denuncia penal que presentó la mesa directiva de la cámara de diputados para meterlas a la cárcel.
Jorge García Ramírez, representante legal del colectivo, consideró que la notificación no fue acorde a derecho y por ello busca dejar sin efecto la determinación de la autoridad.
“Esto obedece a lo que la ley procesal penal federal establece para cuando cualquier actuación de autoridad ministerial o judicial no actúe conforme a un procedimiento, incurran en omisiones, en acciones, en negligencia y violente los derechos humanos y garantías que todos tenemos”, dijo.
El abogado explicó que hoy estaban citadas tres maestras y el jueves otras dos tienen citatorio judicial.
