Tras más de ocho horas de espera en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representantes indígenas de Sonora llevaron al máximo tribunal del país un reclamo acumulado por años: que el Estado deje de decidir sobre sus pueblos sin consultarlos y que el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) responda por compromisos incumplidos en territorio guarijío en el sur de Sonora.
Representantes de pueblos indígenas de Sonora, en particular del pueblo guarijío-makurawe, denunciaron que siguen fuera de las decisiones que afectan su territorio, su desarrollo y el cumplimiento de compromisos oficiales asumidos en el llamado Plan de Justicia. La exigencia fue dirigida a la ministra María Estela Ríos González y al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, en un contexto en el que la propia Constitución ya reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con autonomía y libre determinación.
En entrevista para La Jornada, Héctor Zaira Enríquez, gobernador tradicional de la comunidad de Macoragui, platicó que un equipo de indígenas de las etnias asentadas en el Sur de Sonora se organizó para viajar a la Ciudad de México y pedir atención de las instancias de justicia. Dijo que la inconformidad no nació ahora, sino que viene de años atrás y se reactivó ante lo que describió como una desatención persistente de las instituciones. Señaló que en su comunidad, igual que en otras asentadas en territorio guarijío, siguen pendientes obras básicas, viviendas y compromisos que fueron anunciados, pero que no se han materializado.
El señalamiento central fue contra el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, al que acusan de encabezar procesos de atención y consulta sin cumplir plenamente con el seguimiento de los acuerdos ni con la obligación de escuchar a las comunidades antes de tomar decisiones sobre asuntos que las afectan de manera directa.
“Queremos que se trate con seriedad a nuestro pueblo”, expuso Zaira Enríquez al advertir que, mientras en otras entidades avanzan planes de justicia, en el sur de Sonora persiste el rezago y hay anuncios de recursos que, sostienen, no aterrizan en las comunidades.
De acuerdo con el representante tradicional, si no encuentran respuesta en el máximo tribunal, buscarán llevar sus demandas a otras instancias, entre ellas la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El movimiento, además, ocurre después de meses de tensión en territorio guarijío, donde desde agosto de 2025 integrantes de la etnia mantuvieron un plantón en instalaciones del INPI en San Bernardo, Álamos, para exigir regularización de tierras, atención a obras pendientes y un alto a decisiones tomadas, según denunciaron, sin consulta real.
Fuente: La Jornada
