Ante la solicitud del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el gobierno de Michoacán envió la documentación sobre los avances en la investigación del homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el 19 de octubre de 2025, en la localidad de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán.
En la documentación fechada el 1 de abril de este año se incluyen precisiones sobre las detenciones logradas, las órdenes de aprehensión vigentes y la judicialización de los probables responsables materiales e intelectuales.
La Fiscalía General del Estado fue la que abrió la carpeta de investigación correspondiente y desplegó una indagatoria exhaustiva con análisis forense, revisión de videovigilancia, geolocalización de trayectos y procesamiento de dispositivos electrónicos, lo que permitió avanzar con resultados concretos en el esclarecimiento del caso.
Entre los principales resultados informados al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se encuentran las capturas de diversos presuntos integrantes de la célula delictiva Blancos de Troya, entre ellos Rigoberto N, alias Pantano; Marco Antonio N, Pilones; y César Alejandro N, El Botox, este último identificado como líder del grupo criminal y señalado como uno de los probables responsables directos del homicidio.
El secretario de gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluyó su expediente de investigación al acreditarse la actuación coordinada entre las autoridades de procuración de justicia, seguridad y gobernabilidad, salvaguardando además los derechos de las víctimas indirectas y manteniendo abiertos los canales institucionales con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Dijo que el gobierno estatal mantendrá su disposición permanente para seguir informando a la ONU sobre cualquier avance relevante, al tiempo que refrendó el compromiso de continuar con las investigaciones hasta sancionar plenamente a todos los responsables y garantizar justicia para la familia de Bravo Manríquez.
Fuente: La Jornada
