Por: Michelle Rivera | Periodista
Cancún, Q. Roo.– La 89 Convención Bancaria celebrada en Cancún sirvió como termómetro de la relación entre el gobierno federal y el sector financiero. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo inauguró los trabajos del encuentro bancario más importante del país, sino que aprovechó la tribuna para delinear un mensaje estratégico que combina dos ejes fundamentales: una ambiciosa apuesta por la infraestructura energética con participación privada, y un giro regulatorio que obligará a la digitalización masiva de pagos, abriendo la puerta a la consolidación de la neobanca en México.
Desde el análisis periodístico, lo relevante no es solo lo que dijo la mandataria, sino cómo lo dijo y ante quién. Frente a los principales actores del sistema financiero nacional —encabezados por la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, y el presidente de la ABM, Emilio Romano— Sheinbaum reconoció un diagnóstico compartido: México tiene estabilidad macroeconómica, pero necesita crecer. Y ese crecimiento, dejó claro, no será unilateral, sino que requerirá de esquemas mixtos público-privados, una nueva ley de inversión en infraestructura y, quizá lo más disruptivo, una transformación en los hábitos de pago de los mexicanos impulsada desde el Estado.
Energía: el gran motor de inversión
El anuncio que concentró las miradas del sector empresarial fue el objetivo energético: alcanzar 30 mil megawatts adicionales de generación eléctrica para 2030. Dentro de esta estrategia, Sheinbaum reveló un dato que había mantenido en reserva: el gobierno ya prepara un acuerdo de inversión mixta en gas natural con el objetivo de reducir la dependencia externa del 75% al 50% en los próximos años.
Este planteamiento tiene implicaciones directas para estados como Sonora, que por su ubicación fronteriza y su vocación industrial se perfila como un nodo clave en la nueva ruta de infraestructura energética. La mandataria detalló que entre 2026 y 2030, el 54% de la inversión total planeada se destinará al sector energético, seguido por trenes (15.6%), carreteras (13.9%), puertos, salud y agua. La apuesta es clara: la energía será el tractor del desarrollo, y la inversión privada tendrá un papel protagónico a través de la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica.
El giro digital: neobanca con sello gubernamental
Pero quizá el punto más novedoso del discurso, y que ha pasado menos desapercibido en el análisis inicial, fue el anuncio relativo a la digitalización obligatoria de pagos. La presidenta adelantó que, a través de esquemas trabajados con la banca, su gobierno impulsará que el pago en gasolineras y casetas sea exclusivamente digital —con tarjeta o dispositivos móviles—, eliminando progresivamente el uso de efectivo en estos rubros.
Desde la perspectiva de análisis político y financiero, esta medida tiene un efecto doble: por un lado, combate la informalidad y amplía la base de contribuyentes; por otro, acelera de manera forzada la adopción de medios de pago electrónicos, generando un mercado cautivo que las fintech y las neobancas están listas para disputarse.
En este contexto, los jugadores que actualmente están revolucionando la industria financiera mexicana adquieren una relevancia estratégica que no puede ser ignorada. Plataformas como Revolut —en plena expansión global—, Nubank —el gigante brasileño que ya ha conquistado una porción significativa del mercado mexicano—, Ualá —con una trayectoria consolidada desde Argentina—, y Zelify una propuesta innovadora de origen norteamericano, mexicano y ecuatoriano que apuesta por soluciones financieras ágiles— se encuentran en una posición privilegiada para capitalizar esta migración inducida hacia lo digital.
Lo que el gobierno está haciendo, en esencia, es allanar el terreno para que la neobanca digital de masas se convierta en una realidad en México. Al hacer obligatorio el pago electrónico en dos de los rubros de mayor consumo cotidiano, se elimina la barrera cultural que durante décadas mantuvo al efectivo como rey en las transacciones de los mexicanos. Para la banca tradicional, esto representa un desafío; para las fintech, una oportunidad de oro.
Un llamado a ampliar el crédito
En paralelo a estos anuncios, Sheinbaum hizo un llamado directo a los banqueros: incrementar el crédito del 38% al 45% del PIB. La mandataria recordó que el país mantiene un diálogo abierto con Estados Unidos respecto al T-MEC y que las condiciones de estabilidad —con una reducción del 44% en homicidios dolosos entre 2024 y 2026— deben ser aprovechadas para ampliar el financiamiento a los sectores productivos.
La presidenta también destacó los avances en materia de bienestar social, como el aumento del salario mínimo a 315.04 pesos diarios y el acuerdo con gasolineros para mantener un tope de 23.99 pesos por litro, elementos que, en su visión, sostienen un mercado interno sólido.
Análisis final
Lo ocurrido en la 89 Convención Bancaria deja ver a una administración que ha decidido tomar las riendas de dos procesos clave: la transición energética con participación privada, y la digitalización financiera con un sello de obligatoriedad gubernamental. Para los empresarios, desarrolladores de negocios y actores financieros, el mensaje es claro: hay un plan, hay plazos y hay voluntad de coordinación. La discusión ahora se traslada a quiénes estarán en condiciones de formar parte de esta nueva etapa.
Desde Sonora, un estado con vocación energética, frontera activa y una creciente presencia de talento tecnológico, la oportunidad es tangible. Pero como en toda transformación de esta magnitud, el éxito dependerá de la capacidad de los distintos actores —públicos, privados y financieros— para coordinar sus intereses bajo reglas claras y con una visión de largo plazo.
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Michelle Rivera es periodista de Radio Fórmula con cobertura en análisis político y económico a nivel nacional.
