Por: José Luis Jara
El anuncio del secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) organizará la consulta para definir si se construye o no la presa Puerta del Sol, abre una pregunta inevitable:
¿se trata de un error derivado de la ignorancia de la ley ambiental o de una estrategia política para que el gobernador controle el proceso bajo el disfraz de participación ciudadana?
Durante la sesión de comisiones unidas del Congreso del Estado celebrada el pasado 24 de octubre, Salazar Razo afirmó ante diputadas y diputados que la consulta se realizará por el IEE Sonora y que “si la gente dice que no, no se construirá”. Lo dijo como si la decisión fuera democrática, pero en realidad la propuesta viola el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que establece claramente que la consulta pública ambiental sólo puede ser convocada y organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).
#Hermosillo De gran impacto la información técnica que hoy se presentó en @CongresoSon a diputados de comisiones de agua y Río Sonora de #CEA y #Conagua y de @AdolfoSalazar_ . @DelValleColosio @EmeterioOchoa @FerminTrujilloF @amairanipe25 @irissanchezchiu @rgdelavega pic.twitter.com/xN4KfTux7t
— José Ochoa (@elchiltepin) October 24, 2025
No hay ambigüedad legal alguna: ninguna autoridad estatal, mucho menos un instituto electoral, puede sustituir ese proceso. La consulta pública ambiental no es un plebiscito político ni una encuesta de opinión, sino un procedimiento técnico, jurídico y vinculante que forma parte de la evaluación del impacto ambiental de cualquier obra con riesgo ecológico o social.
Cuando el gobierno estatal anuncia que será el IEE quien conduzca el proceso, lo que en realidad hace es sacar la consulta del ámbito federal -donde se rinde cuentas ante la ley- para colocarla en un terreno controlable políticamente, donde el resultado puede administrarse según la conveniencia del poder.
¿Ignorancia o cálculo?
Resulta difícil creer que un secretario de Gobierno, acompañado de funcionarios de Conagua y de la Comisión Estatal del Agua, desconozca el marco legal que rige la materia ambiental. Todo indica que se busca construir una narrativa de “consulta popular” que legitime decisiones ya tomadas, en lugar de abrir un proceso transparente y legalmente válido.
El discurso suena convincente: “que la gente decida”. Pero la pregunta es cómo y bajo qué reglas. Si la consulta se realiza fuera del procedimiento formal de SEMARNAT, el resultado no tendrá efectos legales, aunque se presente como “voluntad popular”. Y peor aún, confunde a la ciudadanía, haciéndole creer que su voto definirá algo que en realidad está sujeto a una evaluación técnica nacional.
El riesgo es mayúsculo. Convertir un proceso ambiental en una operación política no sólo vulnera la ley, sino que reduce la participación ciudadana a una simulación controlada. El IEE Sonora, creado para organizar elecciones, no tiene ni la experiencia técnica ni la competencia jurídica para evaluar impactos en cuencas, ecosistemas o comunidades.
Si el gobierno estatal realmente busca actuar con legalidad y respeto al pueblo del río Sonora, debe solicitar a SEMARNAT que abra la consulta pública ambiental correspondiente, con transparencia y acompañamiento de las comunidades afectadas. Todo lo demás es una pantomima democrática, un intento de vestir con el lenguaje de la participación una decisión política previamente diseñada.
La duda persiste, y debe plantearse con claridad: ¿Estamos ante un gobierno que desconoce la ley o ante un gobierno que pretende doblarla para su conveniencia?
