Por: Karina Vargas | Reporte Índigo
En ocho de las 32 entidades federativas del país, los congresos estatales mantienen su negativa a armonizar las leyes y códigos penales a lo resuelto hace dos años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la penalización del aborto voluntario a nivel nacional. Esto además de vulnerar los derechos y libertades de las mujeres y personas con capacidad de gestar, representa un incumplimiento de las funciones parlamentarias establecidas en la Constitución.
El caso más reciente es el de Guanajuato, en donde el Legislativo local decidió el 5 de junio pasado mantener la criminalización contra quienes decidan abortar de manera voluntaria, así como contra las personas que ayuden a realizar la intervención. En esa misma línea se encuentran Sonora, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Morelos y Querétaro.
Esto contradice la sentencia de la Primera Sala del máximo tribunal emitida en septiembre de 2023, en la que declara que la penalización del aborto constituye una forma de violencia y discriminación de género al perpetuar estereotipos y reforzar el rol de género que impone la maternidad como un destino obligado, por lo que el Estado tiene la obligación de respetar la autonomía personal y brindar las condiciones necesarias para que las personas decidan sobre su vida entre las mejores opciones disponibles.
“Frente al escenario de la mujer y aquellas personas con capacidad de gestar que se plantean la disyuntiva de continuar o interrumpir su embarazo, es preciso fijar los alcances del derecho a decidir como exigencia para el Estado de implementar medidas específicas útiles para su materialización.
“Y cuyo contenido debe ser definido teniendo como punto de partida lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1 del texto jurídico fundamental, en el sentido de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, señala el proyecto de sentencia del amparo en revisión 666/2023 que precedió a la decisión histórica.
La Organización Mundial de la Salud precisa en las “Directrices sobre la atención para el aborto” (2022) que la interrupción del embarazo es un procedimiento habitual en todo el mundo y ocurre en seis de cada 10 embarazos no planeados y tres de cada 10 embarazos terminan en un aborto provocado; sin embargo, según las estimaciones mundiales, el 45 por ciento de los abortos son peligrosos, lo que convierte a esta práctica en un problema crítico de salud pública y de derechos humanos.
“La condición jurídica del aborto no afecta a la necesidad de una mujer de abortar, pero sí a su acceso a un aborto seguro. Entre el 4.7 por ciento y el 14.3 por ciento de todas las muertes maternas se atribuyen a abortos peligrosos, lo que equivale a entre 13 mil 865 y 38 mil 940 muertes causadas anualmente por la imposibilidad de practicar un aborto seguro”, detalla la publicación.
