Defensores de los migrantes rechazaron el proyecto de ley de control fronterizo que se pondrá a votación esta semana en el Senado estadounidense al considerarlo “un retroceso” a las políticas fallidas del Gobierno Trump que además deja por fuera a los indocumentados que llevan años en el país.
La iniciativa migratoria bipartidista que se pondrá en votación el próximo miércoles en la Cámara Alta hace parte de un paquete de ayuda militar de más de 118 mil millones de dólares, que incluye fondos para Ucrania, Israel y Taiwán, que se estuvo negociando desde octubre pasado y cuenta con el respaldo de la Casa Blanca.
La mayoría de críticas se concentran en advertir que el proyecto reviviría las políticas migratorias de Donald Trump (2017-2021) ya que hace más difícil solicitar asilo y autoriza al Gobierno expulsar a los extranjeros cuando el número de aquellos que cruzan la frontera supere los umbrales establecidos.
La Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU), que encabezó la mayoría de batallas legales contra el Gobierno Trump, dijo en un comunicado que este acuerdo “obligaría al gobierno a expulsar a personas de la frontera sin el debido proceso, restringiendo las vías legales para las personas que más las necesitan”.
“La deportación sin el debido proceso fue el experimento desastroso de la Administración Trump que nunca debería repetirse, y mucho menos usarse como modelo para una política fronteriza permanente”, señaló Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.
El plan hace más difícil la solicitud de asilo y agiliza los procesos en las cortes de migración, que mantiene un atasco de más de tres millones de casos. También pone fin a la práctica conocida como “detención y liberación”, bajo la cual los solicitantes de asilo son dejados en libertad a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración.
Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Derecho de Inmigración (NILC), advirtió en un comunicado que este proyecto de ley no vale el increíble precio que exigiría: más familias separadas, más niños detenidos y más personas enviadas de regreso para enfrentar persecución, tortura e incluso la muerte.
El presidente Joe Biden ha defendido la propuesta y ha urgido a aprobarla. “Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada”, dijo el mandatario en un comunicado anoche, tras la publicación del proyecto.
Pero las críticas han venido desde el mismo partido del presidente. El senador demócrata por California, Alex Padilla, advirtió que el acuerdo incluye una nueva versión de una “fallida política de inmigración de la era Trump que causará más caos en la frontera.”
Padilla señaló que la propuesta está en conflicto con los tratados y obligaciones internacionales para brindar a las personas la oportunidad de solicitar asilo.
Fernando García, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, en inglés) considera que el proyecto es el “último intento de desmantelar el sistema de asilo” y tampoco propone nada para abordar las causas fundamentales de la migración.
Los críticos también alertan que se ha dejado en el olvido a los más de once millones de indocumentados que Biden prometió respaldar. “Este acuerdo tampoco cumple con años de promesas de implementar reformas que proporcionen vías hacia la ciudadanía para los ‘soñadores’ y otros residentes de larga duración”, coincidió Romero.
Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla) dijo que las pocas disposiciones positivas “no ofrecen ningún respiro”.
El proyecto debe ser aprobado por 60 votos en el Senado, pero tiene muy pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Representantes. Este lunes el liderazgo republicano de ese recinto rechazó el proyecto por no ser lo suficientemente duro y advirtió de que es una “pérdida de tiempo” ya que el acuerdo “morirá al llegar a la Cámara”.
Para Benjamín Johnson, director de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) aunque el esfuerzo no es una solución integral, representa un enfoque serio que reconoce la necesidad de una reforma más amplia.
“La situación actual es insostenible con los muchos retos en la frontera sur”, añadió Johnson. “Es necesario lograr algún tipo de consenso y esta propuesta debería ser un comienzo y no un fin”.
Fuente: López Dóriga Digital
