Por: Carlos A. Pérez Ricart | Milenio
Según datos preliminares de defunciones del INEGI, en 2022 la tasa de homicidio en la capital del país se situó en ocho por cada cien mil habitantes, la tasa más baja de la que se tiene registro. Como contraste, en el resto del país la tasa de homicidios se fijó el año pasado en 25 por cada cien mil habitantes.
En promedio,en la Ciudad de México se registran poco menos de dos homicidios diarios, la mitad de los que se cometían al final de la administración de Miguel Ángel Mancera. Cuando escribo estas líneas,la tasa de homicidios de la capitales similar o está por debajo de aquella que se registra en ciudades de Estados Unidos como Austin, Phoenix o Los Ángeles. La tendencia continúa a la baja.
La mejora en la seguridad pública del país no solo es tangible en las cifras de homicidio. El número de delitos denunciados también ha ido a la baja, incluyendo los llamados de “alto impacto” y el feminicidio. Prácticamente no hay delito en la capital que no haya visto su número de denuncias reducirse al menos a la mitad entre 2018 y 2022. El optimismo de estos números —no siempre demasiado confiables por su alta cifra negra— se complementan con una mejora sustancial, también según el INEGI, de la percepción de seguridad en la capital.La Ciudad de México no solo es más segura; también se percibe como más segura por sus habitantes.
¿Qué hay detrás del avance en seguridad pública en la Ciudad de México? No contamos (todavía) con estudios académicos que permitan evaluar, ponderar e identificar cada uno de los mecanismos causales. Podemos, sin embargo, esbozar algunas explicaciones, todas complementarias, concatenadas y ciertamente insuficientes para explicar el fenómeno en su complejidad.
La primera explicación está relacionada al buen entendimiento que existe entre la Fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. En contraste con lo que sucede en otras entidades federativas del país, en la capital ambas instancias lograron construir lo más parecido a una “política criminal”. Esto es, una estrategia de priorización y focalización de esfuerzos para la represión del delito. Trabajan en conjunto, no se ponen el pie.
Una segunda explicación está en la apuesta de la SSC por la investigación criminal. Contrario a lo que se suele pensar, en México los policías no investigan; su función se limita a salir a la calle y esperar a que ocurra un delito frente a sus ojos. Una aguja en un pajar. En la Ciudad de México ya no es así. Con la llegada de Omar García Harfuch a la SCC en octubre de 2019 y la adopción de un nuevo marco jurídico, se dieron las condiciones para que la policía comenzara a hacer mejor uso de la inteligencia policial recabada. Esto es, a investigar.
En tres años la SSC integró al menos mil quinientos analistas que realizan única y exclusivamente tareas de investigación. Lo que antes era una desaprovechada Subsecretaria de “Información e Inteligencia” encargada de generar estadísticas de uso interno, ahora es la Subsecretaria de Inteligencia e Investigación policial que, de mano de la Fiscalía de la Ciudad, construye casos criminales de largo aliento.
Un tercer elemento por considerar es la apuesta del gobierno local por apuntalar el sistema de videovigilancia por cámaras sensoriales de la ciudad, el famoso C5. La administración de Claudia Sheinbaum recibió el sistema con 15 mil cámaras; hoy operan más de 65 mil. El personal que lo administra se duplicó y profesionalizó. Hoy, el C5 es útil no solo para prevenir el delito y proveer insumos para investigaciones ministeriales; lo es también para generar información geo referenciada de ilícitos, así como mapas espaciales de concentración del crimen. Bien utilizados, esos datos fortalecen el trabajo de investigación de la policía. Es un círculo virtuoso.
Hay otros factores por explorar y evaluar. Los menciono de corrido: el buen diálogo entre la policía y sectores empresariales para compartir información y responder con rapidez ante ciertos delitos; el emprendimiento de estrategias de intervención y reducción de violencia grupal (Group Violence Intervention, GVI), tales como el programa “Alto al Fuego”; por último, el buen rumbo de los esquemas de profesionalización al interior de la policía, acompañados de una sustancial mejora del sueldo promedio de los policías preventivos (45% más que en 2019).
Fijando la vista en la policía de la Ciudad de México , resulta imposible no reconocer que un proyecto civil de seguridad puede ser exitoso. La SSC, con sus más de 77 mil elementos, contrasta con la tendencia general de contratar mandos militares para dirigir policías locales en ciudades y estados del país. Si algo demuestra este caso, es que la apuesta por la vía civil en seguridad pública no está perdida.
Termino con un llamado a la prudencia: mejoras en seguridad pública pueden derrumbarse en poco tiempo. Bastan un par de malas decisiones para echar a la basura avances que tomaron años y costaron mucho dinero. Nada mejor que el periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera para ejemplificarlo. La consigna para el próximo o próxima jefa de gobierno debería ser clara: profundizar en lo que se hace bien y ajustar en donde hay ventanas de oportunidad, todo sin aspavientos. Conviene entenderlo bien: en seguridad pública nunca hay victorias finales. Las derrotas, sin embargo, son muy difíciles de revertir.
