El relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal, pidió al Gobierno de México suspender su polémico espacio en la conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que cada semana se señala y descalifica a periodistas y medios que critican a su administración.

En el espacio llamado “Quién es quién de las mentiras”, la encargada Ana Elizabeth García Vilchis arremete cada miércoles contra la prensa nacional en donde muestra supuestas noticias falsas.

En entrevista con el semanario Proceso, Vaca Villarreal llamó al gobierno mexicano a reconocer la crisis de violencia que atraviesa el periodismo en el país, que en lo que va del año ha dejado cuatro asesinatos, entre ellos el de Lourdes Maldonado, ocurrido el 23 de enero en la ciudad de Tijuana, y quien en marzo de 2019 acudió a la conferencia del presidente para denunciar que temía por su vida.

El relator señaló que lleva más de cinco meses esperando una respuesta del Gobierno de México a su invitación para que algunos representantes expliquen a los expertos de la CIDH en Washington, en Estados Unidos, cuál es la meta y la metodología del espacio.

”Para mí es lamentable, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo, han pasado meses, yo la canalicé por las vías formales, he insistido en varias oportunidades y no hemos recibido respuesta”

Dijo que ante la escalada de violencia en el país le corresponde “pedir la suspensión de este espacio, porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas”. Además, de que “envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa”.

Vaca Villarreal calificó la citada sección como un “espacio totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión” y lo comparó a un momento “de entretenimiento presidencial”. Agregó que las altas autoridades del Estado “no solo tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, sino el momento en que lo dicen (…) es muy importante que las autoridades en general, pero particularmente quiénes tienen altos niveles de responsabilidad dentro de los Estados, rechacen contundentemente las violencias contra la prensa”.

El pasado viernes, en un comunicado conjunto, la CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reprobaron la agresión contra la periodista Maldonado al tiempo que instaron al Estado mexicano “a investigar de forma pronta, seria e imparcial los hechos”.

Los organismos consideraron crítico que, a menos de un mes de haber comenzado el año, “se hayan reportado tres asesinatos de periodistas en México -dos en la ciudad de Tijuana- y al menos en dos casos las víctimas habrían intentado acudir a las autoridades para reportar su situación de riesgo”.

El pasado lunes ocurrió el cuarto asesinato en enero luego de que fue asesinado a tiros el reportero Roberto Toledo, en el estado de Michoacán.

Según la organización Artículo 19, México suma 149 periodistas asesinados por su labor desde el 2000 hasta la fecha, 29 de ellos durante el actual mandato de López Obrador, que arrancó en diciembre de 2018. Tras un crimen en diciembre de 2018 y diez en 2019, el país registró 7 homicidios de comunicadores tanto en 2020 como en 2021 y los cuatro de este inicio de 2022.