El periódico EXPRESO exhibió a un total de 24 funcionarios allegados a la ex alcaldesa Sara Valle Dessens y ella misma, que recibieron finiquitos al terminar su trienio, por encima de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, misma que no contempla ese pago para empleados de primer nivel y de confianza.

El martes 21 de septiembre la Dirección Jurídica del Ayuntamiento dio a conocer el documento con los nombres de quienes presuntamente recibieron un pago, y se especifica que estos se ejecutaron el 15 de septiembre de 2021, justo el día en que se retiraban.

Entre los servidores públicos de primer nivel están Valle Dessens, el ex secretario Arturo Lomelí, el ex titular de Infraestructura Urbana y Ecología Víctor Marín Martínez, la ex tesorera Célida Botello Navarro y el ex director de Servicios Públicos Municipales Brandon Ibarra Velarde, aunque también se incluyó a cargos de niveles inferiores como el Director de Ecología Daniel Villavicencio Domínguez y el titular de Control Urbano Julio César Valdez Nakashima.

Además, llaman la atención los nombres del Comisario de Seguridad Pública Andrés Humberto Cano Ahuir y del Director Administrativo de Seguridad Pública (hoy subdirector de la corporación) Brayan León Mayorga, ya que estos dos aún están en funciones, a partir de que el día 15 de septiembre el comisario fuera ratificado por el cabildo para permanecer un tiempo más en el cargo.

El ex síndico Municipal Martín Ruelas Velderraín no aparece en la lista, y se presume que su ausencia obedece a que el pasado 6 de agosto, un grupo de viudas de policías asesinados (que estaban enteradas de que en el presupuesto de egresos 2021 no se contempló una partida para indemnizarlas, y si un bono para los funcionarios), le enviaron un escrito para advertirle de que esta acción implica un daño patrimonial a la hacienda pública del municipio, y en el oficio, las quejosas detallaron lo siguiente:

“La entrega de ese bono, indemnización, compensación o liquidación económica, está expresamente prohibida por el artículo 28 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la cual en lo conducentemente establece: Artículo 28.- Queda prohibido acordar la entrega de numerario o bienes en especie al presidente municipal, síndico, regidores o servidores públicos de confianza de primer nivel del Ayuntamiento, a título de bono, indemnización, compensación o cualquier otro concepto semejante o análogo, por dejar de prestar sus servicios a la conclusión del trienio de que se trate, o dentro del año inmediato anterior”.

En una de las últimas sesiones de cabildo de la administración 2018-2021, el ex regidor independiente Ernesto Uribe Corona dijo ante el pleno que le parecían “sospechosas” las transferencias de dinero que se hacían de una dependencia a otra sin justificación, y sugirió que estaban “guardando para pagarse su propio finiquito”, pero la observación fue calificada como carente de fundamentos.

Ante los hechos, la presidenta municipal Karla Córdova González, dijo públicamente que “Ese fue el último desorden, a darle vuelta a la página y empezar a trabajar, tenemos un mes para seguir buscando la entrega recepción, hay muchas cosas en las que se podrán fincar responsabilidades y otras no”.

Enfatizó en el hecho de que los nuevos funcionarios de primer nivel tienen una gran responsabilidad y es necesario que revisen e investiguen todos los actos que pudieron estar mal en la pasada administración, y si bien tienen que cumplir con la agenda del día a día, no deben perderse en ella y abrir los expedientes de la administración pasada que se tengan que abrir.

Fuente: Expreso