El Gobierno que preside Joe Biden apeló este viernes el fallo de un juez de Texas que declaró ilegal el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes llegados al país de forma ilegal cuando eran niños.
El juez federal Andrew Hanen dictaminó en julio que el programa que beneficia a unos 600,000 dreamers viola una ley sobre procedimientos administrativos. Así, permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que mantuviera la protección para aquellos que ya estaban registrados, pero le prohibió añadir a nuevos beneficiarios.
El recurso del Gobierno, del que informó primero la cadena CNN, se produce en un momento de incertidumbre para los dreamers, cuyo futuro se encuentra en vilo mientras el Congreso no sea capaz de pactar una solución definitiva.
Más de 50,000 aplicaciones recientes al programa se han quedado en un limbo tras el fallo.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) congeló estos casos en espera de la apelación, por lo que habría una oportunidad de que estas solicitudes vuelvan a ser procesadas, según ha explicado la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto.
El Instituto para Políticas Migratorias estima que alrededor de 1.3 millones de jóvenes más podrían ser elegibles para recibir la protección de DACA. Biden comenzó a procesar nuevas solicitudes tan pronto como llegó a la Casa Blanca, pero retrasos por la pandemia impidieron que se pudieran concretar antes de que el fallo del juez lo hiciera inviable.
El expresidente Donald Trump había interrumpido la recepción de nuevas solicitudes. También había intentado acabar con el programa pero la Corte Suprema dictaminó que su Administración no había seguido los procedimientos establecidos por la ley para eliminar el programa y anuló su medida.
El fallo de Hanen se basó precisamente en esa decisión de la Corte Suprema, argumentando que ahora fue la Administración Biden la que violó la Ley de Procedimiento Administrativo, que requiere una notificación pública y la realización de comentarios sobre la política.
La apelación que presentó este viernes el Departamento de Justicia será recurrida en la Corte de Apelacions del Quinto Circuito, un tribunal conocido por sus decisiones de corte conservador. Terminará previsiblemente en la Corte Suprema.
Ahora los demócratas están presionando en el Congreso para que se apruebe un paquete de 3.5 billones de dólares que incluye un camino a la ciudadanía para alrededor de 8 millones de personas indocumentadas, entre ellos los beneficiaros de DACA.
