El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso para 2022 un incremento de más de 25 mil millones de pesos al presupuesto de la Guardia Nacional (GN) que, de aprobarse, significaría un alza de más de 60% de los recursos destinados a esta fuerza de seguridad comandada y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En contraste, los recursos proyectados para los fondos destinados al desarrollo y fortalecimiento de las policías locales se quedarían prácticamente igual, e incluso con reducciones para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y por segundo año consecutivo se elimina el subsidio que tradicionalmente se destinaba a las fuerzas de seguridad de los municipios con mayor incidencia criminal.

De acuerdo con los datos contenidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, para el siguiente año se prevé un presupuesto total de 64 mil 878 millones 449 mil 331 pesos etiquetados en el rubro “policía” dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, recursos que de acuerdo con el análisis oficial se destinarían principalmente a la transición, fortalecimiento, consolidación y operación de la Guardia Nacional.

En comparación con lo que se había registrado el año pasado para este mismo rubro (38 mil 928 millones de pesos) se trata de un incremento de recursos para la Guardia Nacional– ya tomando en cuenta el factor de la inflación – del 66.6% tan solo de un año a otro.

Una buena parte de este incremento (más de 22 mil 600 millones de pesos) son resultado de la asignación de recursos para un nuevo concepto denominado “provisiones para infraestructura de seguridad” de la Guardia Nacional.

Aunque en el papel este proyecto de incremento de recursos destinados a la Guardia Nacional favorece a la Secretaría de Seguridad federal que vería ascender su presupuesto global de 65 mil millones en 2021 a 93 mil millones de pesos en 2022, en los hechos el beneficio sería para la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior ya que, como Animal Político ha documentado, la Guardia Nacional es una fuerza controlada operativamente por la Sedena, y compuesta en su mayoría por efectivos de esta institución castrense.

Prueba de ello es que el propio proyecto de presupuesto 2022 contempla para la Guardia Nacional solo 38 mil 734 plazas en el siguiente año, pese a que en realidad dicha fuerza cuenta con más de cien mil elementos en activo. La explicación de esto es que más del 60% de dichos elementos son policías militares adscritos a la Sedena y asignados temporalmente a la GN.

Las 38 mil734 plazas contempladas para la Guardia Nacional en 2022 son un decremento en comparación con las 41 mil 813 con las que cuenta en 2021. En cambio, la Sedena prevé 14 mil nuevos puestos para el siguiente año respecto a los que tiene actualmente.

En ese contexto, el gobierno de López Obrador ya ha anunciado que enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional al Senado para que la Guardia Nacional deje de ser una fuerza de policía adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y se convierta en una nueva fuerza armada dentro de la Sedena.

Autoridades federales adelantaron a este medio que de concretarse dicha reforma en el actual periodo de sesiones el presupuesto asignado a la Guardia Nacional para 2022 pasaría junto con ella a la Sedena.

En la actualidad y aun sin reformas, las instalaciones, cuarteles, coordinaciones estatales, reclutamiento y direcciones de esta fuerza de seguridad definida en la constitución como una policía nacional, ya se encuentran bajo control de las fuerzas armadas.

Y para policías civiles, lo mismo

En contraste al notorio incremento que el presupuesto contempla para la Guardia Nacional, los fondos destinados al apoyo, fortalecimiento y coordinación de las distintas fuerzas de seguridad pública en el país se mantienen prácticamente igual e, incluso, registran algunas reducciones.

Por ejemplo, el proyecto del presidente López Obrador contempla para la secretaría técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública – órgano rector de las políticas de capacitación, evaluación y coordinación de las policías locales del país – un presupuesto de 649 millones 908 mil 459 pesos en 2022. Se trata de una reducción – en números reales – de casi el 1% respecto a lo destinado en el año en curso.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) son los recursos que cada año envía la federación a los 32 estados para que fortalezcan a sus policías estatales y, en alguna medida, a las policías municipales. En 2022 el proyecto presupuesta 7 mil 988 millones 49 mil 749 pesos para dicho fondo.

De aprobarse esta cantidad, significaría un incremento marginal del 0.3% – ya tomando en cuenta la inflación – respecto a los 7 mil 695 millones que se aprobaron para el ejercicio 2021.

De acuerdo Bernardo León Olea, especialista en temas de reforma policial, justicia penal y cívica, este estancamiento en la asignación de recursos al FASP es preocupante ya que se suma a la ausencia, por segundo año consecutivo, de dinero etiquetado para un subsidio (denominado FORTASEG) que anualmente se entregaba a las policías de los municipios que tenía mayor incidencia delictiva.

Otra posible fuente de ingresos para las policías municipales es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el cual se han proyectado 95 mil 547 millones 846 mil 713 pesos, un alza en números reales del 7.5% respecto a lo que se está ejerciendo en 2021.

El problema, sin embargo, es que dicho fondo en realidad no está destinado exclusivamente a tareas de seguridad y es decisión de las administraciones municipales gastarlo en lo que definan. El documento del proyecto enviado al Congreso solo “promueve” que un 20% de los recursos que se reparten se inviertan en temas de seguridad pública.

León Olea advierte que dicha recomendación es literalmente un “copy-paste” de la que se hizo en el presupuesto de 2021, la cual no garantiza ninguna asignación de recursos para las fuerzas de seguridad locales.

“Lo que se requiere es que se destine un subsidio adicional de 7 mil millones de pesos específicamente para la profesionalización de las policías municipales” indicó el experto.

Cabe señalar que desde 2019 el consejo nacional de seguridad aprobó con el consenso de todos los estados el denominado Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Dicho modelo fue promovido por el gobierno federal de forma paralela a la Guardia Nacional, con el objetivo de profesionalizar y fortalecer a las policías estatales y municipales del país, homologando temas como salarios, prestaciones, servicio profesional de carrera, entre otros.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha asignado un presupuesto específico para el desarrollo de dicho modelo. Su implementación continúa dependiendo de lo que las autoridades asignen de fondos federales que ya existían con anterioridad y que han resultado insuficientes.

Más dinero… pero para policía militar y marinos

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 contempla para la Secretaría de Marina un presupuesto global que asciende a los 37 mil 750 millones 191 mil 112 pesos. Se trata de dos mil 250 millones de pesos más – en números cerrados – por encima de los destinados para el presente año.

En cambio, para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el proyecto elaborado por la Secretaría de Hacienda contempla 104 mil 107 millones 905 mil 551 pesos, que son casi 8 mil 500 millones de pesos por debajo de lo aprobado este año. No obstante, como ya se mencionó, este presupuesto no incluye los casi 65 mil millones destinados para la Guardia Nacional que opera bajo control del Ejército.

Además, específicamente para el caso de la Policía Militar de la Sedena (cuyos elementos están asignados a la GN) el proyecto propone un presupuesto de 18 mil 144 millones 112 mil 694 pesos, que de aprobarse representarían más de mil millones de pesos por encima de lo que se le asignó en 2021.