Organizaciones civiles exigieron este martes a la Secretaría de Gobernación (Segob) la declaración inmediata de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en seis municipios de Sonora, tras el asesinato de la activista Gladys Aranza Ramos Gurrola, ocurrido el pasado 15 de julio, en el municipio de Guaymas.

Fue a través de un comunicado donde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona A.C y Peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio, señalaron que Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, Nogales, y San Luis Río Colorado, son algunos de los municipios con mayor incidencia de delitos de género contra las mujeres.

Incluso, desde el 26 de junio del 2019 se advirtió de la tendencia sobre el aumento desmedido de la violencia generalizada y de los delitos de género contra mujeres y niñas, a través de la presentación de una solicitud de AVGM a la Segob, de la que aún afirman, no han recibido respuesta.

Guaymas se encuentra en el número 34 entre los cien municipios con mayor incidencia de feminicidio en México. Cajeme, ubicado al sur del Estado, ocupa el cuarto lugar nacional en homicidios, y el puesto 33 en feminicidios. En el reporte mensual del gobierno federal sobre el estado que guarda la violencia en el país, seis municipios de Sonora aparecen entre los 50 más violentos de México, cinco de ellos incluidos en nuestra solicitud de AVGM“, aseguraron.

De acuerdo con el comunicado, Sonora ocupa el octavo lugar a nivel nacional en incidencia de homicidio doloso contra mujeres; y desde el 2017 está en primer lugar de llamadas de emergencia por violencia familiar por cada 100 mil habitantes.

En el desplegado, las organizaciones civiles aseguraron que el asesinato de Aranza Ramos, de 28 años de edad “es la muestra irrefutable de que el Estado falló a las mujeres de Sonora“.

“El feminicidio de Aranza Ramos debe servir mínimamente para aceptar una seria autocrítica sobre la política de prevención de la violencia feminicida y desaparición de personas, ausente en todas las medidas que se conocen hasta el momento por parte de los tres niveles de gobierno”, señalaron.

El pasado 15 de julio, Gladys Aranza Ramos, integrante del colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora y quien investigaba el paradero de su esposo desaparecido, fue asesinada a balazos, cuando se encontraba en su casa.

Dos días después, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitó dar seguimiento federal y local a su feminicidio; mientras que colectivos y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos condenaron el asesinato de la activista.