Hoy, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito asentó un precedente importante (y peligroso) para los migrantes indocumentados. Esta corte determinó que una pareja cometió un delito luego de entrar ilegalmente a USA.

Normalmente, la entrada ilegal a USA (es decir, sin documentación) sólo amerita una multa. Sin embargo, cuando esta pareja de mexicanos entró al país en 2019, el gobierno federal la llevó frente a una corte para iniciar un proceso legal.

Esta era la primera vez que Eduviges Ayala Bello y su pareja Walter Velez González intentaron ingresar a Estados Unidos. Cuando cruzaron la frontera a pie, los agentes de la CBP los detuvieron. Posteriormente, las autoridades los trasladaron a la corte en California.

Ahí los acusaron de cometer un crimen. Sin embargo, entrar ilegalmente a USA se considera sólo un delito menor. Por ello, Eduviges y Walter pidieron a la corte desestimar los cargos.

Ellos argumentaron que sólo debieron cobrarles una multar por la entrada ilegal a USA tal como se hace con los delitos federales menores. También pidieron que los procesaran a través de la Oficina Central de Violaciones.

De acuerdo con un texto de la moción, la pareja explicó que “el gobierno violó su derecho a igual protección al enjuiciarlos en el expediente criminal normal”.

Sin embargo, este lunes, una corte en California falló en contra de la pareja de mexicanos. Por su parte, el Panel del Noveno Circuito sostuvo el fallo sobre la entrada ilegal a USA de ambos individuos.

El Noveno Circuito explicó al respecto:

“Cuando los individuos entran a USA ilegalmente, no es irracional para el gobierno concluir que detenerlos es lo mejor para el interés público”.

También explicó que liberar a quienes quieren entrar ilegalmente a USA sólo “incentivaría más cruces fronterizos”. Además, agregó que para el gobierno es muy complicado dar un seguimiento a los migrantes liberados después de haber cometido este delito menor.

La entrada ilegal a USA seguirá castigándose

Actualmente, la primera entrada ilegal a USA se castiga con hasta 180 días en una cárcel federal. Si las personas vuelven a cometer esta falta pueden pasar hasta 2 años encerradas. Además, si tienen otras condenas penales, el castigo puede ser de hasta 20 años.

Un grupo de más de 50 organizaciones proinmgrantes han pedido a Joe Biden que retire este castigo. En febrero enviaron una carta al presidente solicitándole “suspender los enjuiciamientos por entrada y reingreso no autorizados”.

De hecho, estas organizaciones citaron el caso de Eduviges Ayala y Walter Velez en su carta. Sin embargo, el fallo de la corte en California deja ver que su solicitud no ha sido escuchada.