Al menos 14 mujeres presas en una cárcel migratoria del sur de Estados Unidos que fueron sometidas a procedimientos ginecológicos no consentidos e invasivos, incluyendo operaciones, denunciaron al médico que las atendió en una demanda colectiva.
Diversas organizaciones civiles de ese país, han documentado que de 2018 a la fecha al menos 57 mujeres de distintas nacionalidades, entre ellas 10 mexicanas, habrían sido sometidas sin consentimiento a abusos quirúrgicos por el doctor Amin, que colabora con el ICDC, que es administrado por LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Martha Bárcena, embajadora de México en Estados Unidos, informó que el gobierno apoyó y sigue la demanda colectiva de mujeres migrantes víctimas de esterilizaciones forzadas. Y es que el pasado 19 de diciembre, la organización Southern Povery Law Center presentó una queja ante el Consejo Médico de Georgia, para solicitar la revocación de la licencia profesional del ginecólogo Mahendra Adim.
Consulado de México en Atlanta colabora estrechamente en casos de mujeres sujetas a malas prácticas en Centro de Detención de Georgia | Secretaría de Relaciones Exteriores | Gobierno | https://t.co/FqKXfZR2OB https://t.co/MuPhbVNQ5s
— Martha Bárcena (@Martha_Barcena) December 22, 2020 “>
Abuso médico equivalente a actos de agresión sexual
La denuncia nació del testimonio de una enfermera que trabajó en el centro y que relató la alta “tasa de extirpaciones del útero” a detenidas y episodios como el de una migrante a la cual el médico le extirpó el ovario equivocado cuando iba a ser intervenida por un quiste.
“Todas ellas fueron sometidas o se les ordenó que se sometieran a procedimientos ginecológicos no consentidos, que no estaban indicados desde el punto de vista médico y que son invasivos y fueron realizados por Mahendra Amin”, denunciaron los abogados en la demanda.
Según la demanda, “en muchos casos, los procedimientos ginecológicos ejecutados por el acusado contra las demandadas equivalen a actos de agresión sexual”. Una de las mujeres describió el proceso como “la forma más medicalizada en la cual uno podría experimentar la violación”.
La mayoría de las demandantes siguen presas en la cárcel migratoria, unas pocas fueron liberadas y una fue deportada a México después de que denunciara la situación.
