Por. Fanny Miranda y Francisco Mejía | Milenio
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó a los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) –a través de una carta– que las concentraciones de arsénico rebasan la NOM mexicana en 98% de los pozos estudiados y domicilios particulares estudiados en los siete municipios del río, mientras que en otro estudio, 57.81% excede los niveles de concentraciones de plomo, lo que “representa un riesgo a la salud de la población”, según estudios del agua realizados por autoridades estatales este 2020, a seis años del derrame tóxico de Grupo México.
“De acuerdo con las Guías de Calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud, la exposición a algunos agentes patógenos y elementos químicos a través del uso y consumo de agua de consumo humano puede producir enfermedades graves. Por lo cual la presencia de contaminantes en el agua de uso y consumo humano en concentraciones mayores a los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 representan un riesgo a la salud de la población”, menciona José Alonso Novelo Baeza en la carta, para más adelante concluir que, de acuerdo con la Constitución y a las atribuciones de los tres niveles de gobierno, se ha notificado a las autoridades municipales y a la Conagua “para que lleven a cabo las acciones necesarias”.
Sin embargo, los comités de cuenca en acompañamiento de la organización Poder denunciaron que “a pesar de la evidencia, ni la Cofepris ni las demás dependencias responsables, como la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de los siete municipios, han desarrollado acciones para alertar a la población y menos para dar solución inmediata a esta emergencia sanitaria”.
Según la organización Poder, se habían solicitado a la Cofepris en concreto “los datos de nuevos muestreos realizados en 2020, y las autoridades de la misma comisión negaron tener información al respecto”.
La misiva de la Cofepris, enviada a los CCRS, firmada por su titular José Alonso Novelo Baeza, indica que el agua “sigue contaminada masivamente con metales pesados, principalmente arsénico y plomo, y que representa un riesgo a la salud de la población”.
Y a pesar de los riesgos que representa el consumo de esa agua, no hay medidas de prevención sanitaria.
“El agua que tomamos nos está envenenando y las autoridades no hacen nada concreto para evitarlo. La indiferencia de los tres niveles de gobierno es la que nos va a matar”, afirmó el integrante del CCRS, Ramón Miranda.
Hace seis años, en esta zona ocurrió un derrame tóxico del Grupo México, por lo que Poder acusó que diversas dependencias federales y estatales han hecho caso omiso a lo que ocurre en la región.
“Ni la Cofepris ni las demás dependencias responsables, como la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades de los siete municipios han desarrollado acciones para alertar a la población”, aseveró.
La organización civil recogió el testimonio de un habitante de San José de Baviácora, José Manuel López, quien señaló que “mientras hacen planes y nuevos muestreos, mientras se lavan las manos entre instituciones, se nos va la vida; el gobierno nos está dejando morir envenenados”.
La carta firmada por el titular de la Cofepris, fechada el 11 de noviembre de 2020, se dio en respuesta a una misiva enviada por los CCRS al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el 19 de octubre, en la cual solicitaron al gobierno federal “respuestas consistentes y sin más demoras” ante las evidencias de pozos contaminados que salió a la luz en 2019.
Los datos que se exponen en la carta son los siguientes: un muestreo de marzo encontró que 98.28 por ciento de los 59 pozos y domicilios particulares estudiados rebasa los límites de arsénico. Que 35. 42 por ciento excede los de plomo, según la Norma Oficial Mexicana (NOM-127-SSA1-1994, modif. 2000).
En tanto que el muestreo de julio, cuatro meses después, encontró que “de 69 muestras entre pozos y domicilios particulares, incluyendo dos en Hermosillo, arroja que 89.85 por ciento y 57. 81 por ciento del total excede las cantidades permitidas en la NOM de arsénico y plomo, respectivamente”.
Para el muestreo del agua realizado en agosto encontró que “89. 28 por ciento de los pozos rebasaba la NOM por concentración de arsénico y 64.28% de plomo”.
La codirectora ejecutiva de Poder, Fernanda Hopenhaym, acusó que “tenemos un panorama desolador en el que el agua de uso y consumo humano está permanente y masivamente contaminada en la región”.
Situación que, según consideraciones en las Guías de Calidad del agua de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “puede producir enfermedades graves”.
La misma Cofepris lo reconoció. En su carta, Novelo Baeza señaló que la presencia de esos contaminantes en el agua en concentraciones como las señaladas “representan un riesgo a la salud de la población”. Además de que informó que han sido notificadas las autoridades municipales y Conagua “para que lleven a cabo las acciones necesarias”.
Novelo Baeza también mencionó que están trabajando en una agenda “para dar soluciones” ante el riesgo que esto representa, pero nuevamente, como lo han hecho el subsecretario López- Gatell, antes otras autoridades federales y el mismo Andrés Manuel López Obrador, sin fechas ni plazos claros.
“Desde los Comités de Cuenca exigimos soluciones inmediatas”, dijo Francisca García, habitante de La Estancia , Aconchi. Además suplica porque las las autoridades federales y de Sonora hagan la parte que les corresponde y dejen de “pasarse la bolita”; que reubiquen los pozos y que instalen plantas potabilizadoras, siempre y cuando filtren metales pesados, tengan mantenimiento y funcionen adecuadamente. Y lo repetimos: que todo esto se haga con la participación de las personas afectadas. Nunca más un plan o una agenda sin nosotros”, agregó.
También, lamentó la falta de posturas, en apoyo a los afectados, por parte de los municipios del río Sonora, incluyendo a Hermosillo, los cuales “deben cumplir mínimamente con avisarnos sobre la contaminación, y con gestionar todos los procesos que nos garanticen vivir sin arsénico, plomo, y quien sabe cuántas otras cosas”.
Los pobladores, según los mismos testimonios que reporta Poder, piden soluciones inmediatas, “que las autoridades federales y de Sonora hagan la parte que les corresponde y dejen de pasarse la bolita; que reubiquen los pozos y que instalen plantas potabilizadoras, siempre y cuando filtren metales pesados, tengan mantenimiento y funcionen adecuadamente”.
