La Cámara de Diputados aprobó este miércoles una reforma impulsada por Morena para permitir que el gobierno federal pueda utilizar hasta 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, un cambio que rechazan los partidos de oposición bajo el argumento de que no hay garantía de que esos recursos en realidad serán usados para salud e implicarán quitar dinero a la atención de enfermedades catastróficas, como el cáncer.
El tema quedó avalado en lo general por 242 votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones. En lo particular, el visto bueno fue por 249 votos a favor, 108 en contra y seis abstenciones.
Ahora, el asunto pasará al Senado, donde se prevé que sea discutido a la brevedad para que esos recursos puedan contemplarse en la bolsa que el gobierno federal pueda emplear para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021.
El Fondo de Salud para el Bienestar, antes llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, tenía hasta el 30 de junio un saldo de 101,161.7 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda (SHCP). De ese monto, se quiere disponer de una parte para la compra de la vacuna contra el COVID-19.
¿Qué es el Fondo de Salud para el Bienestar?
El fondo se creó el año pasado con la reforma de salud que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); sus recursos provenían del fondo destinado para atender enfermedades que generan gastos catastróficos en las familias, usado con el Seguro Popular, el cual fue desaparecido por el gobierno actual tras considerar que había irregularidades en él.
En noviembre pasado, cuando se reformó la Ley General de Salud, se aprobó que al menos 40,000 millones de pesos del extinto Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se transfirieran para el nuevo Insabi. A estos se sumarían los 33,000 millones.
La reforma estableció que el Insabi canalizara al Fondo de Salud para el Bienestar el equivalente a 11% de la suma de los recursos del gobierno federal y los estados. De estos, el Insabi asignaría 8% a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, 2% a la atención de necesidades de infraestructura preferente en las entidades con mayor marginación social, y 1% para complementar los recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos e insumos, así como al acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social.
