Empleados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) denunciaron ante la Contraloría General del órgano jurisdiccional que son víctimas de extorsión por parte de Víctor Ramírez Sánchez, director de Administración Financiera del propio tribunal, pues durante la pandemia los obligó a que adquirieran un permiso especial, que él mismo inventó, para que los empleados pudieran circular en su vehículo todos los días y así presentarse a trabajar.
Consta en la denuncia que los afectados le hicieron llegar a María de los Ángeles Castillo Jiménez, contralora General del TSJ, así como al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, y de la cual EL UNIVERSAL tiene copia, que Víctor Ramírez cobraba por ese permiso mil pesos en efectivo semanalmente y, además, obligó a los trabajadores a presentarse en las oficinas ubicadas sobre avenida Niños Héroes a laborar, a pesar de los contagios y las restricciones de las autoridades.
Además, en la misma queja cinco mujeres denunciaron que son acosadas sexualmente por ese director de Administración Financiera, pues en repetidas ocasiones les ha manifestado que les podría “hacer el favor de conseguirles una plaza o mejorarles el sueldo” a cambio de sexo, revelándose incluso que, a quienes se han negado, las ha despido.
De igual manera, en la queja se documenta que Víctor Ramírez Sánchez vende en 80 mil pesos la plaza de Jefatura de Unidad Departamental de Cajas y Bancos.
“Con fecha 11 de mayo de 2020, el citado Director de Administración Financiera, aun sabiendo que estábamos en plena contingencia por la pandemia de Covid-19, el personal que laboramos en esa sección fue obligado a trabajar con el argumento que era de suma importancia nuestra presencia en las instalaciones”, se lee en el documento.
“Le argumentamos que ponía en riesgo nuestra salud al obligarnos a trabajar en las instalaciones del tribunal y trasladarnos en transporte público, ya que nuestros vehículos no circulaban por la restricción del gobierno por la pandemia.
“Nos ofreció a varias trabajadoras conseguir un permiso para circular sin restricción, para lo cual nos solicitó los datos de nuestros vehículos; el documento nos fue entregado por Víctor Ramírez Sánchez dos días después, amenazándonos de que si los pagos de nómina y proveedores no se realizaban era nuestra más estricta responsabilidad, porque ya no había pretexto para no acudir a trabajar”, se detalla en la denuncia.
Los afectados acusan que los encargados del tribunal han hecho caso omiso a sus peticiones, ya que aparentemente el funcionario en mención se jacta de ser amigo del magistrado presidente Rafael Guerra.
