Realizar una consulta popular en 2021, como la del juicio a expresidentes, implicaría diversas complicaciones, advirtió el Instituto Nacional Electoral (INE).
Hoy en nuestra #ReuniónPlenaria, 📹🔴#EnVivo el presidente consejero del @INEMexico, el Dr. @lorenzocordovav presenta “Las reglas de promoción política electoral previo a los comicios electorales del 2021: La reelección legislativa”.
https://t.co/Y4a8wleUTf— Diputados Ciudadanos (@DipCiudadanoMX) August 28, 2020
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, detalló que para realizar la consulta popular se tendría que hacer un gasto y movilización similar a las elecciones intermedias, previstas para el domingo 6 de junio de 2021.
De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, explicó Córdova Vianello durante la quinta reunión plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano, la consulta popular tendría que aplicarse el primer domingo de agosto.
Implicaría la organización de una nueva elección con las mismas cifras de organización: el número de casillas, el número de ciudadanos requeridos, de funcionarios, etcétera, apenas dos meses después de realizada la elección federal”, expuso.
Para las elecciones intermedias, el INE detalla que participarán 94 mil 980 ciudadanos, 164 mil casillas, 7 mil supervisores electorales y un millón 480 mil funcionarios.
De confirmarse la consulta popular, el INE también tendría que modificar su presupuesto para 2021.
Si así lo decide el Congreso, vamos a tener que revisar dramáticamente el presupuesto que aprobamos y que justo hoy se va a la Secretaría de Hacienda, para que se presente, sin moverle una coma, a la consideración de ustedes”, dijo.
Este jueves, integrantes del Senado de la República presentaron formalmente una petición para realizar el próximo año la consulta popular respecto al enjuiciamiento de los expresidentes de la República que hayan cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones.
«¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?», señala la pregunta formulada en la Cámara Alta.
